El juez rehúsa que el emérito pueda recurrir el fallo sobre su inmunidad

El juez del Tribunal Superior de Justicia británico Matthew Nicklin acordó ayer que el rey emérito Juan Carlos I no puede recurrir su decisión de seguir adelante con el proceso abierto por presunto acoso a Corinna Larsen al entender que carece de la inmunidad propia de los soberanos y que, por tanto, se le puede juzgar en el Reino Unido. No obstante, podrá pedir el permiso de amparo para recurrir ese dictamen –emitido el pasado jueves– directamente ante la Corte de Apelación, lo que sus abogados indicaron que harán. En una vista ayer en el Tribunal Superior, la defensa del emérito avanzó que pedirán autorización para recurrir a la Corte “lo antes posible” y, si esta lo autoriza, presentarán el recurso antes del 30 de mayo.

De hecho, fuentes presentes en la audiencia apuntaron que Juan Carlos I está “muy decepcionado” con la decisión del juez, aunque cree que tiene motivos sólidos y convincentes para ganar en apelación. Por su parte, Nicklin rechazó concederle el permiso para recurrir al considerar que había quedado claro que los actos que se le atribuyen se llevaron a cabo “a nivel personal” y no fueron de carácter de Estado. Sin embargo, el equipo del padre de Felipe VI considera que los hechos ocurridos antes de su abdicación –entre 2012 y 2014– podrían incluirse en una posición de autoridad, con lo cual podría aplicarse la inmunidad.

También cuestiona la opinión del juez Nicklin, incluida en el dictamen del pasado jueves, de que Juan Carlos I no forma parte de la Casa Real “aunque sea de la familia”. En este sentido, aunque no entró en el fondo de la demanda, el magistrado había asegurado el jueves que al menos dos de los hechos que denuncia Corinna son posteriores a la abdicación del emérito y que, dado que Juan Carlos I no goza de inmunidad desde ese momento, se podría dirigir el procedimiento en su contra.

Por su parte, los abogados de Corinna Larsen celebraron que la justicia británica haya rechazado los intentos por parte del emérito de frustrar el avance de la demanda, y esperan que sirva para que se limite acciones encaminadas a producir demoras en el procedimiento. En su demanda, Larsen acusa a Juan Carlos I de haberla sometido a “acoso” desde 2012 hasta la actualidad, personalmente o a través de “agentes” a su servicio. Esas acciones, asegura, “amenazaron” su seguridad y la de sus hijos, y demanda indemnizaciones por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la “instalación de medidas de seguridad” y por la contratación de “exdiplomáticos del Gobierno” para que pusieran fin al acoso que dice haber recibido por parte del rey emérito.