?PROCÉS? JUSTICIA
El Supremo pasa el juicio a Meritxell Serret por desobediencia al TSJC
La diputada leridana no está acusada de malversación, por lo que no se enfrenta a pena de prisión || Costa pide que la Mesa del Parlament no se siente en el banquillo
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado el auto de apertura de juicio oral por un presunto delito de desobediencia grave contra la exconsellera de Agricultura, la leridana Meritxell Serret, aunque no será este quien la juzgue. Y es que su causa ha sido enviada al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por ser el órgano competente para su enjuiciamiento, ya que no se ha formulado acusación contra ella por un delito de malversación de caudales públicos. Así pues, Serret, a diferencia del resto de miembros del Govern durante el procés, será juzgada en Catalunya en lugar de en el Supremo.
En un auto, el Supremo argumenta que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado ni la acusación popular ejercida por Vox solicitaron acusarla por malversación y, por tanto, la apertura de juicio es “solo” por desobediencia. Por eso, en aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal (artículo 19.3) y teniendo en cuenta su condición de diputada en el Parlament, así como “en coherencia al criterio de la sala” en relación con otros acusados por el 1-O, el Supremo declina juzgarla a favor del TSJC. La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para cargo público de hasta dos años, por lo que la leridana evita así una pena de prisión.Serret, que estaba procesada por desobediencia y malversación por el referéndum, se personó por sorpresa en el Supremo en marzo de 2021, después de 4 años viviendo en Bélgica, para regularizar su situación procesal tras ser elegida diputada del Parlament el 14-F. Tras comparecer, Llarena concluyó el sumario de su caso apuntando que no constaban gastos para el 1-O de su conselleria.
Por otro lado, el ex vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha presentado un escrito ante el TSJC en el que pide que se anule el juicio contra él y otros tres exmiembros de la Mesa, entre ellos el expresidente de la Cámara y ahora conseller de Empresa, Roger Torrent, por haber permitido debatir sobre la monarquía y la autodeterminación en otoño del 2019. Asimismo, Costa anunció que no irá a declarar porque no reconoce el tribunal.