El futuro de Puigdemont, en verano

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Jean Richard de la Tour, presentará el próximo 14 de julio sus conclusiones sobre el alcance de las euroórdenes presentadas por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Marta Rovira por su implicación en el 1-O. Así lo aseguró tras una vista de más de seis horas en las que la Gran Sala del TJUE examinó las cuestiones prejudiciales remitidas por Llarena para determinar si Bélgica puede cuestionar la competencia del Supremo para emitir las euroórdenes y si la justicia de ese país argumentó correctamente que en España se violan los derechos fundamentales. En ella se enfrentaron las posiciones de España, la Comisión Europea y los líderes independentistas.

El informe de De la Tour no será vinculante, no obstante, en un 85% de los casos acaba siendo determinante para la sentencia final, la cual llegará previsiblemente poco después definiendo el futuro de todos ellos. Durante la sesión, el fiscal Fidel Ángel Cadena Serrano, que representaba los intereses de España, negó que haya vulneraciones de derechos en el Estado y defendió que el Supremo tiene legitimidad para juzgarlos. Con sus argumentos se alineó el abogado que representa a la Comisión Europea, que defendió la posición de España.

El letrado Julio Baquero avaló que se pueda realizar una extradición sin revisar el derecho a un juicio justo si no existen “deficiencias sistémicas” del estado de derecho, dando a entender, pues, que no existe ese problema en España. Por su lado, las defensas de los líderes del 1-O acusaron a Llarena de usar las euroórdenes de forma política. En ese sentido, denunciaron que sufren una “persecución infame” por motivos políticos y que “no tienen garantías de tener un juicio justo en España”. El juez ponente del TJUE, el danés Lars Bay Larsen, comentó que ve “algo extraño” que Bélgica no consultase a Luxemburgo sobre las euroórdenes.

Un periplo judicial que se alarga ya más de cuatro años

Desde que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y otros líderes independentistas dejaron Catalunya y por extensión España después de la Declaración de Independencia del Parlament de 27 de octubre de 2017, la justicia española inició una fallida caza y captura de todos ellos. Y es que, por ahora, el magistrado del Tribunal Supremo que instruyó la causa del procés, Pablo Llarena, no ha conseguido que prospere ni una sola de las múltiples euroórdenes dictadas en diversos países de la Unión Europea. Pero el revés que le llevó a plantear las cuestiones prejudiciales que ahora el Tribunal de Justicia de la UE delibera, fue cuando el Tribunal de Apelación de Bruselas denegó la entrega a España del exconseller Lluís Puig, acusado de malversación y desobediencia, alegando que veía un riesgo de vulneración del derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia.

Ven desproporción en las condenas por el ‘procés’

El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol Ríos y los magistrados María Luisa Balaguer y Ramón Sáez consideran que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés fue desproporcionada y vulneró los derechos fundamentales de los acusados. Así consta en sus votos discrepantes en las sentencias que, no obstante, avalaron la pena impuesta a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn. Los tres ven desproporcionadas las penas por sedición, que consideran incluso inconstitucionales.

Así, las ven poco respetuosas con el “actual estándar de derecho nacional y europeo de los derechos humanos”.Por su parte, la sentencia por la que desestima el recurso de Junqueras, y Romeva afirma que no se vulneró su derecho a un proceso con garantías al condenarles a 13 y 12 años respectivamente, y advierte que por esos delitos la acusación popular, de hecho, había pedido condenas más graves. En el caso de Bassa y Forn se argumenta que no fueron condenados por “ideología”, sino por su “activa promoción” del “referéndum ilegal del 1-O”.