La Moncloa se desvincula del 'CatalanGate' pero no contempla una investigación interna y no aclara si utiliza Pegasus

El gobierno español niega ninguna relación con el 'CatalanGate', el caso de espionaje masivo que ha puesto de manifiesto The New Yorker a través de una investigación de Citizen Group que afecta a 65 políticos y agentes sociales catalanes. La portavoz del ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha afirmado en rueda de prensa en la Moncloa que su ejecutivo no tiene "nada que ver ni nada que ocultar" y, por lo tanto, "colaborará al máximo con la justicia en la investigación de los hechos" si lo requieren, porque "España es un estado de derecho y de democracia llena". En todo caso, Rodríguez ha descartado la investigación interna que le pide Podemos, y se ha amparado en la ley de secretos oficiales para no aclarar si el CNI utiliza el programa Pegasus.

Fuentes del ejecutivo español han apuntado que la Moncloa ya ha abordado la cuestión con la Generalitat, con quien hay "una comunicación permanente". Esta conversación sobre el 'CatalanGate', apuntan, no se ha producido a nivel de presidentes. Las mismas fuentes sostienen que el caso no afectará a la mesa de diálogo ni tampoco las relaciones con la Generalitat. La mesa de diálogo, apuntan, "no tiene fecha", pero "se está adelantando". Más allá de eso, el ejecutivo español no contempla por ahora ningún tipo de investigación interna. Fuentes de la Moncloa sostienen que cualquier actividad de escucha|scout por parte del CNI tiene que estar amparada por una resolución judicial, e insisten en que su gobierno siempre actúa en el marco de la ley.

En este marco ha evitado dar respuesta a las peticiones que ha lanzado este martes al portavoz de Podemos, Pablo Echenique, que ha reclamado "explicaciones claras" por parte de los ministerios de Defensa e Interior, y que si hace falta "rodarán cabezas". "Los grupos parlamentarios pueden solicitar lo que consideren, pero la posición del gobierno es esta", ha concluido. "El gobierno no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática de nuestro país, porque España es un estado democrático y de derecho donde se respetan las libertades individuales," ha dicho Rodríguez en rueda de prensa. En este sentido, ha insistido en que en el Estado la ley establece que para limitar derechos hace falta una resolución judicial motivada.

La Moncloa tampoco contempla una comparecencia del presidente español, Pedro Sánchez, en el Congreso para aclarar el caso. En todo caso, según Rodríguez, será la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien informará a la cámara, porque ha pedido una comparecencia al Congreso este martes para explicar "cuestiones que le son propias" y por lo tanto estará "a disposición de los diputados". Con todo ha admitido que Robles no podrá hablar de cuestiones sometidas a la Ley de secretos. También ha evitado confirmar o desmentir si el CNI ha utilizado en alguna ocasión el programa Pegasus aduciendo al hecho de que hay materias calificadas de "secretas" que no puede responder porque son cuestiones de seguridad, y la ley le prohíbe explícitamente dar detalles.

Con todo, Rodríguez ha querido destacar "el esfuerzo que se ha hecho por trabajar en la desjudicialización del conflicto en Cataluña" y el hecho de que "hoy fruto de la determinación del gobierno y la sociedad catalana no se parece en nada a la situación del 2017". "Siempre hemos mostrado la total colaboración del gobierno con la justicia en todo lo que podamos aportar", ha dicho Rodríguez, y por lo tanto hay que insistir en que este "es un país democrático y de derecho donde no se espía ni se intervienen comunicaciones si no es al amparo de la ley".

El Supremo no aclara si dio autorización

El Tribunal Supremo no ha aclarado tampoco a preguntas de la ACN si dio autorización o no a ninguna operación de escucha por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero fuentes de esta institución recuerdan que este tipo de operaciones están reguladas por la Ley 11/2002 y la Ley orgánica 2/2002 que establecen que las operaciones de escucha tienen que estar agachadas en el tiempo y con respecto a las personas afectadas y que, por lo tanto, no pueden ser genéricas.

En estas peticiones por escrito, el CNI tiene que detallar los objetivos de la intercepción de las comunicaciones y los hechos que la justifican. El magistrado que se encarga de dar o no las autorizaciones es Pablo Lucas, considerado como progresista. A preguntas de la ACN el CNI declina también por ahora hacer ningún comentario sobre el 'CatalanGate'. En todo caso, Fuentes del Supremo recuerdan que las operaciones que puede autorizar el magistrado del Supremo tienen que enmarcarse en las condiciones y requisitos que establecen las dos leyes que rigen la actividad del CNI.

La Ley 11/2002, reguladora del CNI, establece en el artículo 2.2 estipula que las actividades del CNI tienen que tener un "control judicial previo" según lo que establece la Ley orgánica 2/2002, que dice que el secretario de Estado Director del CNI tendrá que solicitar "al magistrado del Tribunal Supremo competente" una "autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones". La ley establece también que en esta solicitud, que tiene que ser por escrito, el CNI tiene que especificar "las medidas que se solicitan", los "hechos que justifican la solicitud, finalidades que la motivamos y razones que aconsejan la adopción de las medidas solicitadas".

El espionaje legal no puede ser genérico

También, según el artículo 1 de la Ley orgánica 2/2002 reguladora del control judicial del CNI, la petición tiene que incluir la "identificación de la persona o personas afectadas", y la "duración de las medidas, que no podrá exceder de 24 horas en el caso de afección a la inviolabilidad del domicilio y de tres meses para la intervención de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas o de cualquier otro tipo". Este periodo de tres meses "es prorrogable por sucesivos periodos iguales en caso de necesidad".

Una vez recibida la petición, el magistrado tiene que acordar con una resolución motivada la concesión o no de la autorización, y el director del CNI tiene que ordenar "la inmediata destrucción del material relativo a todas las informaciones que se hayan obtenido con la autorización pero que no guarden relación con el objeto o finalidades de esta".

Actualmente, el magistrado del Supremo que se encarga de dar o no estas autorizaciones es Pablo Lucas, magistrado considerado del sector progresista que según informaciones periodísticas es una persona próxima a la exvicepresidenta del gobierno Carmen Calvo y sería el candidato que el PSOE pretende como futuro presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sustitución de Carlos Lesmes.