Colau, investigada por presiones para forzar alquileres sociales

La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, por los delitos de coacciones y prevaricación al presionar supuestamente a un fondo de inversión para que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo la “amenaza” de no concederle licencias de obras. La sección octava de la Audiencia de Barcelona, en contra del criterio de la Fiscalía, ordena investigar la querella que el fondo inversor Vauras Investments S.L. presentó contra Colau (BComú), los concejales Marc Serra y Lucía Martín y una técnica del área de vivienda y que el juez instructor había rechazado al no apreciar ninguna infracción penal.

La Audiencia revoca parcialmente la decisión del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona y acuerda la admisión a trámite de la querella presentada por Vauras, aunque solo por los delitos de prevaricación y coacciones, pero no por los de tráfico de influencias, cohecho, usurpación de atribuciones y negociaciones prohibidas a funcionarios que también planteaba el fondo inversor, a quien el consistorio califica de “fondo buitre”. En opinión de la sala, de ser ciertos los hechos que relata la querellante, podría ser delictiva “la conducta consistente en compeler ilegítimamente” al fondo inversor para forzarle a ceder inmuebles para alquiler social, utilizando para ello como “mecanismo intimidatorio” la amenaza de no concederle licencias de obras o no desbloquear las paralizadas.El Gobierno de Colau niega las coacciones y asegura que aplicó la ley, mientras que la oposición pide dimisiones.