MONARQUÍA TRANSPARENCIA
El Tribunal de Cuentas fiscalizará ahora las finanzas de la Casa Real
Deberá dar publicidad a todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo || Un día después de que Felipe VI desvelara su patrimonio de 2,57 millones
El rey Felipe VI saluda a varios niños y asistentes, a su llegada al puesto de la Guardia Civil de Sarria.
El Gobierno aprobó ayer que el Tribunal de Cuentas fiscalizará mediante una auditoría externa la actividad económica y financiera e la Casa Real y en qué gasta su presupuesto, para dotar de más transparencia y ejemplaridad esta institución.
El Consejo de Ministros dio luz verde a la nueva regulación de la Jefatura del Estado un día después de que Felipe VI decidiera desvelar su patrimonio personal, cifrado en 2,57 millones de euros.
La principal novedad es que el Tribunal de Cuentas, dependiente de las Cortes Generales, examinará la contabilidad del Palacio de la Zarzuela, como ya hace con la gestión económica del Estado, de sus instituciones y de otras entidades que reciben fondos públicos. según explicó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
El real decreto, según el ministro, no regula la declaración de bienes del monarca, que él publicará con la periodicidad que decida, aunque sí prevé que los altos cargos de la Casa la presenten cuando inicien y concluyan su mandato, además de ajustarse al código de conducta.
Otra de las medidas es que la Casa Real deberá a partir de ahora dar publicidad a todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo, respetando la autonomía presupuestaria de la que goza Felipe VI para decidir en qué gasta el dinero asignado por el Estado.
Entre las iniciativas que ya se venían aplicando por la voluntad del rey y que ahora pasan a ser una obligación está que todos los regalos que reciban los miembros de la Familia Real serán registrados para determinar si permanecen en la Casa Real, si van a Patrimonio del Estado o se donan a ONG.
El Gobierno también fija la información que la Zarzuela tiene que publicar en su página web, entre ella, la ejecución presupuestaria, los contratos suscritos, las retribuciones de los altos cargos, los regalos institucionales y la memoria anual de actividades.
Bolaños destacó que el texto ha sido fruto del “trabajo compartido” desde hace meses entre el Gobierno y la Casa Real, con el aval del PP. Preguntado si los ministros de Podemos apoyan el decreto, remarcó que se trata “un acuerdo del Gobierno en su conjunto”.
