Robles, en la cuerda floja

El Govern, los partidos independentistas e incluso Podemos insisten en que ante el caso de espionaje a políticos independentistas con el programa Pegasus deben rodar cabezas, y todos dirigen su mirada a la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ayer avivó el malestar tras justificar en el Congreso la vigilancia. “¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia, corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, tiene relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”, preguntó Robles en una sesión de control en la que se le exigió aclaraciones y una comisión de investigación pública sobre el caso.

El Gobierno defiende desde el principio que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) siempre ha actuado dentro de la legalidad e intenta poner el foco de la investigación del espionaje en la comisión de secretos oficiales del Congreso, que está previsto que se constituya hoy con con la representación de todos los partidos políticos, pero tanto el socio de Gobierno de coalición como sus aliados parlamentarios consideran que es insuficiente y que deben “depurarse responsabilidades”.

El ministerio de Defensa, por su parte, también trató de quitarse responsabilidades asegurando que, aunque Pegasus es un sistema que solo pueden adquirir los estados, dentro de España “no solo lo puede usar el CNI”, sino que también cuerpos como la Policía Nacional o las policías autonómicas.De momento Podemos, que llegó a comparar a Robles con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y los socios de investidura también elevaron el tono ante la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a la que reclamaron que emprenda acciones judiciales como aprobó el Parlamento de Catalunya (más información en el desglose). Además de en el Congreso, la dimisión o el cese de Margarita Robles también se pidió desde el Parlament de Catalunya.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, que tildó de “insultantes” las declaraciones de la ministra, exigió su dimisión o cese al considerar que está “incapacitada políticamente para seguir” en su cargo y para gestionar “el peor escándalo de espionaje de las últimas décadas”. Según Aragonès, Robles “debería asumir responsabilidades”, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendría que echarla, porque “el CNI estaba bajo su responsabilidad” cuando se produjo el caso de espionaje denunciado. Si la titular de Defensa no sabía nada, afirmó, debería dimitir “por incompetente”, y si lo sabía, debería irse “por vulnerar los principios democráticos más básicos”.

En esta línea, el vicepresidentdel Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, afirmó desde Nueva York que “la cuestión ya no es si la ministra” de Defensa “dimitirá o no, sino cuándo lo piensa hacer”. El Parlament aprobó ayer presentar una denuncia ante las autoridades judiciales por los casos de espionaje mediante el programa Pegasus denunciados por más de 60 independentistas. La iniciativa salió adelante gracias a los votos favorables de ERC, Junts, comuns, la CUP y el PSC.

De esta forma, el pleno dio cumplimiento a los acuerdos de la Mesa, que el martes acordó una propuesta para formular una denuncia “en nombre del Parlament” ante las autoridades judiciales para investigar el seguimiento, conocido ya como Catalangate. La votación se hizo nada más empezar el pleno, incluyéndola porque no estaba previsto, pese a la oposición de Vox, Cs y PPC. El diputado del PSC y secretario primero de la Mesa, Ferran Pedret, argumentó que su partido avaló presentar la denuncia porque está a favor de cualquier iniciativa que pueda contribuir a esclarecer si hubo un espionaje ilegal, como en su día también pidieron investigar si los Mossos d’Esquadra espiaron de forma ilegal a periodistas y políticos no independentistas.El pleno se inició con la lectura de la declaración de la Junta de Portavoces, que condenó el “espionaje político” y reclamó al Estado medidas para erradicarlo, y que fue leído por la presidenta de la Cámara, Laura Borràs.

Al término de la lectura, el portavoz de Cs, Nacho Martín Blanco, pidió la palabra para protestar por el hecho de que Borràs leyera ante el pleno la declaración, aprobada sin la unanimidad de los grupos. Borràs, no obstante, no le concedió el turno de palabra alegando que el reglamento le permite hacer esa lectura. Un diputado de la formación naranja, Matías Alonso, protestó a gritos. Tras ser llamado al orden varias veces, la dirigente juntista lo expulsó del hemiciclo.