PSOE y PP evitan que el Congreso investigue el espionaje, pero Sánchez debe comparecer

La comisión de investigación del Congreso sobre el espionaje a, por lo menos, una sesentena de político independentistas y a miembros del propio Consejo de Ministros mediante el sistema Pegasus, no se llevará finalmente a cabo después de que el PSOE se aliara con las tres derechas (PP, Cs y Vox) para evitar que prosperara su creación. Con todo, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sí que deberá dar explicaciones sobre el escándalo en sede parlamentaria, aunque todavía no hay fecha, después de que así lo forzaron los partidos de la oposición y los habituales socios del Gobierno. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya había avanzado que los socialistas no apoyaban la petición y circunscribió a la comisión de secretos oficiales, que se reunirá mañana a puerta cerrada, las explicaciones sobre este caso.

Según él, la comisión de investigación no aportaría ninguna información relevante ni tendría ninguna utilidad por la Ley de Secretos Oficiales, que impide tratar las cuestiones relacionadas con el CNI públicamente.Según apuntaron varios medios de comunicación, dentro del Gobierno se habrían espiado, además de los móviles de Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el de la que fuera titular de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Este último, que Bolaños se limitó a decir que no existe constancia de vigilancia, habría sucedido en plena crisis diplomática con Marruecos, en mayo de 2021.Ante estas últimas informaciones, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó que la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, cuenta, por ahora, con el apoyo del presidente del Gobierno. Sin embargo, esta evitó descartar una posible dimisión o cese de Esteban en las próximas semanas al asegurar que hay que adoptar las decisiones en función de la información y a medida de que se vaya descubriendo lo sucedido.

La directora del CNI será la primera en dar explicaciones por la polémica en la comisión de secretos que arrancará mañana.El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que insiste en que se depuren responsabilidades por la vigilancia empezando por las cabezas de Robles y Esteban, volvió a avisar de que el caso es un “escándalo de dimensiones mayúsculas” que “se puede cargar la legislatura y la democracia”. Y es que los republicanos, unos de los socios de investidura de Sánchez, creen que la comisión de investigación que el PSOE ha ayudado a rechazar es necesaria tanto para esclarecer el caso como para tratar de acercar posturas.Pese a que el Congreso no investigará el Catalagate, el Parlalament sí que lo hará gracias a una propuesta impulsada por ERC, Junts los comuns y la CUP.

La Generalitat se personará como acusación popular en todos los procedimientos que se hagan ante Fiscalía y la justicia relacionados con el espionaje a líderes independentistas. Así lo anunció ayer la portavoz del Govern catalán, Patrícia Plaja, tras la reunión del Consell Executiu. Personándose en estas causas buscan que los responsables de este espionaje “asuman las responsabilidades que les corresponden” y proteger a los servidores públicos. El hecho de personarse en estas causas, explicó Plaja, no quiere decir que la Generalitat no presentará las denuncias que crea oportuno sobre el caso. De hecho, los servicios jurídicos ya trabajan en la del president, Pere Aragonès.

La portavoz del Executiu catalán, también volvió a reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reúna con Aragonès para abordar un escándalo tan grave como este. “¿Sánchez se irá el viernes de Barcelona sin dar explicaciones sobre el caso?”, se preguntó Plaja en referencia a la visita que este realizará al Cercle d’Economia donde coincidirá con el republicano. Por ahora Moncloa no se ha cerrado del todo a un encuentro formal, pero tampoco le ha puesto fecha.En otro orden de cosas, el expresident de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, anunciaron que presentarán una demanda contra Pedro Sánchez y todo su Gobierno por el espionaje sufrido con el software Pegasus.

Asimismo, Gonzalo Boye, conocido por ser el abogado del expresident Carles Puigdemont, presentó ayer una querella por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos contra NSO, la empresa israelí propietaria de Pegasus, y contra sus tres fundadores, así como contra otras dos mercantiles, por el espionaje del que habría sido víctima.

La Audiencia Nacional abre diligencias

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha incoado diligencias previas por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos por la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por el presunto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través de sus teléfonos móviles con el programa Pegasus. El móvil de Sánchez fue infectado dos veces: tras el asalto marroquí en Ceuta y antes de que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, declarase como imputado en la Audiencia Nacional.

Exigen dejar de utilizar el sistema Pegasus

Organizaciones internacionales mostraron ayer su “rechazo frontal” al uso del sistema Pegasus. Entidades referentes en materia de derechos humanos firmaron un manifiesto en el que se expone que el espionaje digital no es “legal ni democrático” y exigen una investigación independiente que aporte “claridad” sobre los diferentes casos detectados en Europa.

Móviles encriptados y revisados por el CNI

Los teléfonos móviles que un presidente del Gobierno y sus ministros reciben cuando acceden al cargo están preparados por el CNI con sistemas encriptados y cortafuegos para evitar ataques, según fuentes de la seguridad del Estado.

Análisis de todos los teléfonos oficiales

El Centro Criptológico Nacional, el mismo órgano que detectó que los teléfonos móviles del presidente, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados mediante el “software” Pegasus, va a analizar los terminales de diputados y senadores para averiguar si han sido o no infectados por ese o otro sistema de espionaje que pudiera haberles robado datos.