El CNI admite que espió a Aragonès y al entorno de Puigdemont con permiso judicial

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, aportó ayer en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso las autorizaciones judiciales que le otorgó el juez del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, para espiar a una veintena de políticos independentistas, entre ellos al president de la Generalitat, Pere Aragonès, y al expresident Carles Puigdemont y personas de su entorno. Así lo indicaron fuentes conocedoras del contenido de la reunión, que añadieron que durante su comparecencia la directora del CNI se desvinculó del resto de escuchas, hasta 65, denunciadas por los grupos independentistas. Durante casi cuatro horas, la responsable de los servicios secretos centró su intervención en demostrar la legalidad de esa veintena de pinchazos.

Entre los espiados con orden del Supremo, además de Aragonès, que habría sido vigilado en 2019, y Puigdemont, figuran también el director de la oficina de este último, Josep Lluís Alay; miembros de Òmnium y la ANC o el diputado de la CUP Carles Riera. Todos ellos, según remarcó Esteban, en el marco de investigaciones abiertas y avaladas por la autoridad judicial. Durante la intervención ante la comisión, en la que por primera vez pudieron estar presentes representantes de todos los partidos del Congreso, la directora del CNI habría insinuado, según reveló el portavoz de ERC en la Cámara, Gabriel Rufián, que los políticos independentistas que fueron espiados sin orden judicial lo fueron o bien por una nación o naciones extranjeras o por otros organismos del Estado, una afirmación que, en su opinión, significa que “está señalando a Interior”.

Podemos y los socios de investidura salieron más preocupados y con más dudas de las que entraron en la reunión de la comisión y pidieron que se desclasifiquen los documentos mostrados por Esteban. Las explicaciones sí colmaron las expectativas de PSOE, PP, Cs y Vox, partidos que coincidieron en respaldar a la directora del CNI y no mostraron ninguna duda sobre que las actividades del centro están dentro de la ley.Así pues, dentro del Gobierno, volvieron a chocar sus dos visiones.

La banda socialista señaló que en la comisión quedó demostrado con claridad que el CNI ha actuado siempre cumpliendo la ley. Asimismo, reiteraron que ahora “no estamos en fase de ceses” sino en la vía de la investigación interna y de las comparecencias. Podemos, por su parte, aseveró que el PSOE se equivocó al rechazar la comisión de investigación e insistió en que se depuren responsabilidades.

La Generalitat exige saber quién ordenó los pinchazos al president

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, urgió ayer al Gobierno a “desclasificar” la autorización judicial para que pudiera ser espiado y a dar explicaciones al máximo nivel sobre quién dio la “autorización política” para ello. En un comunicado enviado tras conocerse que la justicia autorizó al CNI a espiar a una veintena de independentistas, Aragonès señaló que esto “confirma y aumenta la gravedad del caso de espionaje masivo por parte del Estado español contra las instituciones catalanas y el independentismo”, recordando que el CNI es un “servicio integrado en el Ministerio de Defensa”. Para él está claro que con estas vigilancias ha habido una “vulneración flagrante del derecho a la intimidad, de participación política e institucional, tanto de las personas espiadas como de todas aquellas que se han relacionado” con ellas.

En esta línea se pronunciaron también los partidos independentistas catalanes que asistieron a la comisión de secretos. Tras escuchar a la directora del CNI, Paz Esteban, todos ellos coincidieron en señalar que ahora es aún más pertinente que el Congreso abra una investigación sobre el caso y exigieron que se desclasifiquen los documentos que la jefa de los espías enseñó a los diputados.Ante esto, el Gobierno de Pedro Sánchez afirmó que ni ordenó al CNI vigilar a Aragonès, ni tampoco conocía que había sido espiado. De la misma forma, subrayó que no solo desconocían a quién se había espiado, sino que ni siquiera pueden o deben saberlo, ya el centro de inteligencia actúa con autonomía a la hora de desarrollar su labor.

Asimismo, insistió en que mantienen su voluntad de diálogo.

El teléfono de Marlaska también fue infectado

La infiltración del software espía Pegasus en los móviles de los miembros del Gobierno central afectó además de al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles,al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El análisis del Centro Criptológico Nacional (CCN) a su teléfono ha puesto al descubierto que el dispositivo del ministro va ser infectado en el 2021.

El PP pide a Sánchez que dé explicaciones

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, defendió ayer que la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso es “más necesaria que nunca” para dar todas las explicaciones sobre el espionaje a su teléfono móvil y si se ha infectado con Pegasus a otros miembros del Ejecutivo. Y es que, según subrayó, la directora del CNI, Paz Esteban, no aportó ninguna información sobre este asunto en la Comisión de Gastos Reservados. 

Cs denunciará la revelecaión de secretos

El portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, adelantó ayer que su formación llevará a los tribunales a diputados independentistas porque, a su juicio, han podido incumplir su obligación de guardar secreto sobre la comparecencia de este jueves de la directora del CNI, Paz Esteban. “El Gobierno de Sánchez ha permitido a ERC, Bildu, Junts y la CUP acceder a los secretos de Estado.

Desde Cs llevaremos a los tribunales a los diputados separatistas que han roto el secreto de la comisión”, señaló.

El centro de inteligencia cumple veinte años

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cumple hoy 20 años, pero la polémica generada por las escuchas a políticos a través de Pegasu’ ha echado por tierra la celebración y obligado a anular todos los actos.