El Parlament avala congelar relaciones entre Govern y Moncloa y reclama el cese de Robles

El pleno del Parlament aprobó ayer una resolución para instar a la Generalitat a “congelar todas las relaciones institucionales” con el Ejecutivo central hasta que se aclare el espionaje a personas vinculadas con el independentismo catalán, el denominado Catalangate. Este punto de una moción impulsada por Junts salió adelante con los votos a favor de dicha formación, ERC y la CUP y el rechazo del PSC, comuns, Cs, Vox y PP. También prosperó la petición al Govern catalán de reclamar explicaciones al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, así como también la exigencia de que se cree una comisión de investigación en el Congreso y que se asuman responsabilidades políticas.

En este sentido, la Cámara catalana reclamó la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien consideran responsable del escándalo, que no solo ha salpicado a políticos independentistas, sino también a miembros del Consejo de Ministros español. En Madrid, Unidas Podemos, que comparte con el PSOE el Gobierno de coalición, se unió a los independentistas de ERC, Junts, Bildu PDeCAT y la CUP para pedir en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre las llamadas “cloacas” del Estado, desde las operaciones que se atribuyen al excomisario José Manuel Villarejo hasta el uso del software israelí Pegasus para espiar a políticos. La iniciativa, que también lleva la firma del Compromís y del BNG, pretende que el Congreso investigue “la vinculación de diversos estamentos oficiales del Estado y un entramado mediático, empresarial y parapolicial, con recursos y armas reservadas a organismos estatales, al servicio de intereses espurios al margen del interés general”.Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, volvió a exigir que se depuren “responsabilidades” por el escándalo, aunque evitó hablar de “nombres” concretos hasta que no se determine qué ha sucedido exactamente.

Eso sí, avisó a Robles de que tenga “cuidado, no la vayan a denunciar” por haber desvelado qué se trató hace una semana en la Comisión de Gastos Reservados de la Cámara Baja. “Creo que en dos minutos desveló más secretos que supuestamente yo y ya llevo dos denuncias”, dijo el republicano. Precisamente la Fiscalía del Tribunal Supremo ha incoado diligencias para estudiar esas querellas por un presunto delito de revelación de secretos oficiales a raíz de sus declaraciones tras la comisión de secretos oficiales.Robles, que asistió a la toma de posesión de la nueva directora del CNI, Esperanza Casteleiro, advirtió que los que atacan España, que lo hacen “de manera sofisticada con los hackeos y demás”, se van a encontrar enfrente a los servicios secretos.

Moncloa atribuyó a los “fallos de seguridad” el cese de la anterior jefa del CNI, Paz Esteban, no obstante, según señalaron diversos medios, el centro de inteligencia advirtió más de una decena de veces sobre los riesgos que el sistema Pegasus podría comportar para la seguridad de las instituciones españolas, y muy en particular para los altos cargos del Ejecutivo, en abril de 2017. Además en 2019 advirtió de posibles espionajes.

Sánchez salva con el apoyo de PP la ley de Seguridad

La reforma de la Ley de Seguridad Nacional que el Gobierno llevó ayer a las Cortes superó su primer obstáculo gracias a un apoyo condicionado del PP, que con su voto en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC y Junts permitió que el texto pueda tramitarse.

Se trata de una reforma de la ley que se aprobó en 2015 con el Gobierno popular y que fue avalada por el Tribunal Constitucional, pero que ahora el Ejecutivo quiere modificar para que en situaciones como las vividas recientemente, como la pandemia o la guerra, el Estado tenga un instrumento legal para tomar medidas para hacer frente a esas crisis.Los partidos que presentaron las enmiendas a la totalidad, Esquerra y Junts, pero también otros como PNV o Bildu, ven la reforma como una violación de las competencias autonómicas y de los derechos fundamentales.El PP, no obstante, dejó claro que el rechazo a las enmiendas no es un cheque en blanco y exigió negociar artículo por artículo esta ley con la que “Sánchez puede confiscarte tus bienes y obligarte a realizar servicios sin ninguna compensación”.