La Generalitat pide suspender el 25% de castellano al estar recurrido

La Generalitat presentó ayer un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a ejecutar de manera inmediata -antes del 31 de mayo- la sentencia que fija un 25% de castellano en la escuela catalana. La portavoz del Executiu, Patricia Plaja, explicó que el recurso pide suspender los efectos del auto hasta que se resuelva el recurso por los “graves perjuicios que puede suponer a la comunidad educativa”. Para la Generalitat, tener que aplicar la sentencia a pocos días de finalizar el curso escolar “sería una medida totalmente contraproducente para alumnos y profesores, que alteraría el normal funcionamiento de todas las aulas”.

El recurso también argumenta que la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que pidió la aplicación de la sentencia del 25%, “no tiene la legitimidad” para participar en esta causa y cree que considerar que esta entidad defiende los intereses colectivos de todos los alumnos es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por otro lado, los grupos parlamentarios del PSC, ERC y comuns dieron un margen de 24 horas a Junts para tratar de llegar a un acuerdo sobre el catalán en la escuela e incorporarlo al orden del día del pleno del Parlament de la semana que viene. Este acuerdo puede o no consistir en la reforma de la ley de Política Lingüística que acordaron los cuatro grupos en marzo, de la que después se descolgó Junts.

De hecho, Esquerra, que advirtió que al siguiente pleno llevarán sí o sí un plan para proteger el catalán de la sentencia del 25%, aseguró que están “estudiando alternativas” más allá de los cambios en la ley de Política Lingüística para conseguir el mayor consenso en la defensa de la inmersión. Pese a esto, Junts, que descartó rotundamente apoyar la reforma como vía para proteger el catalán en la escuela, afirmó que ve “difícil” cerrar otros pactos en 24 horas.

El Govern última una decreto para proteger a centros y directores

La Generalitat está trabajando en diferentes iniciativas, además de la batalla judicial, para defender el catalán ante la sentencia del 25%.

Según explicó ayer la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, están ultimando un decreto ley que sirva para proteger a los centros educativos. Aunque no dio más detalles sobre el contenido del mismo, subrayó que tiene que servir para proteger a la dirección de los centros y sus proyectos lingüísticos ante los tribunales. De esta manera, ahora mismo hay varias iniciativas planteadas para hacer frente a la sentencia: Una eventual modificación de la Ley de Política Lingüística, el decreto ley para proteger a los centros y otro anunciado en marzo para desplegar el régimen lingüístico de la Ley de Educación de Catalunya (LEC).