ERC y Junts pactan una ley para proteger el catalán en la escuela y el PSC se desmarca

ERC y Junts lograron el miércoles por la noche llegar a un consenso para diseñar una nueva ley para proteger el catalán en las aulas ante la sentencia del 25% de castellano. Esta supliría la intención inicial de reformar la ley de Política Lingüística, algo acordado con PSC y comuns, que los juntistas rechazaron a última hora. Pero esta vía alternativa no seduce a los socialistas.

El presidente del PSC, Salvador Illa, cerró ayer la puerta a sumarse al debate de esta nueva ley, que incluiría un rechazo explícito a la distribución de lenguas por porcentajes en la escuela, defendiendo que la reforma de la actual ley de Política Lingüística, firmada por la mayoría de grupos, “garantiza que el catalán es el centro de gravedad, refleja la realidad que se vive en la escuela y da cumplimiento a la sentencia”. Por su parte, desde los comuns aseguraron que están estudiando la última propuesta enviada por los republicanos y los juntistas. Aunque el PSC, Esquerra y los comuns suman suficientes votos para aprobar la reforma sin Junts, los republicanos descartaron llevar al pleno la votación de la Ley de Política Lingüística para tratar de mantener el consenso con sus socios de Govern.

Con todo, si ahora no logran un acuerdo a cuatro, se abren diversos escenarios: que PSC, ERC y comuns opten finalmente por sacar adelante la reforma; que Esquerra priorice el pacto con Junts y busque el acuerdo con los comuns dejando fuera al PSC, o que intenten otros acuerdos que sumen más consenso. En medio de estas negociaciones para blindar el modelo de inmersión lingüística en la escuela, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamó “responsabilidad” a los partidos políticos catalanes para cerrar un acuerdo lo más amplio posible. “Exhorto a todos los partidos a continuar trabajando.

Lo importante es tener el acuerdo más amplio posible para defender el modelo de escuela catalana”, aseguró en declaraciones en el Parlamento Europeo, donde se reunió con eurodiputados de Junts, ERC, En Comú Podem y PSC.Por su parte, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, que se encontraba de visita en La Seu d’Urgell reclamó también el máximo consenso para lograr sacar adelante alguna medida que ayude a proteger la lengua de las decisiones judiciales. Este, no obstante, aseguró que también debe tenerse en cuenta la opinión de las entidades educativas y sociales, algo que no se está, según él, haciendo.

El TSJC acepta que los padres puedan pedir aplicar el 25% de castellano

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aceptado que un padre de dos alumnos de un instituto catalán se persones como parte afectada en la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano en los centros educativos de Catalunya.

Y es que según el TSJC cualquier padre podrá pedir la ejecución de esta resolución puesto que “pueden resultar tanto beneficiados por la ejecución de la sentencia como perjudicados por su inejecución”. La decisión de los jueces va en contra de lo que pedía la Generalitat, que alegaba la falta de legitimación de un padre concreto para pedir la ejecución forzosa en todo el sistema educativo. El auto contó con el voto particular de dos de los cinco magistrados de la Sala, que se oponen a la personación de padres individualmente, ya que esto podría suponer la incorporación a la causa de otros muchos padres de alumnos que se consideren afectados.