Un año de prisión para Eugenio Pino por el 'pendrive' de los Pujol

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha revocado la sentencia por la que en julio de 2020 fue absuelto el exdirector adjunto de operativos (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. El Alto Tribuanl le condena a un año de cárcel por un delito de revelación de secretos por entregar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y al CNI un pendrive con datos personales y empresariales para la causa relativa a la familia del expresident Jordi Pujol. La Sala Civil y Penal del TSJM estima así parcialmente el recurso de apelación presentado por Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor de la familia, que pedía una pena mayor, de dos años y seis meses de cárcel, por un delito contra la intimidad.

Asimismo corrige la sentencia dictada por la Audiencia de Madrid, que absolvió a Pino y al inspector Bonifacio Díez Sevillano de los delitos de falso testimonio, estafa procesal y revelación de secretos. Además de a la pena de prisión, el exDAO ha sido condenado al pago de una multa de 7.200 euros y a indemnizar a Pujol Ferrusola con 2.000 euros.Los magistrados entienden, en contra de lo fijado por la Audiencia de Madrid, que Pino sí incurrió en un ilícito penal cuando facilitó al centro de inteligencia, a la UDEF y al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional un pendrive con información del primogénito de los Pujol Ferrusola sin advertir “en ningún momento a la autoridad judicial del origen ilícito de la prueba”. De hecho, la sentencia subraya que al contrario de “cumplir con el deber de que como funcionario público tenía que impedir que el pendrive tuviera recorrido, le dio rienda suelta con un uso ilícito de su contenido y procedió a difundir, revelar o ceder a terceros datos y documentación pertenecientes a la intimidad de Jordi Pujol Ferrusola con un evidente ánimo de perjudicarle”.La Audiencia de Madrid le absolvió aduciendo que su actuación estaba amparada en su condición de policía por el deber de promover la persecución del delito, pero el Superior de Justicia madrileño discrepa.

“El poder del Estado para la persecución y enjuiciamiento de hechos ilícitos no puede valerse de atajos”, asevera.