Los socios de Sánchez le exigen acabar con la inviolabilidad del rey

Tanto los socios del Gobierno de Pedro Sánchez como el bloque de investidura cargaron ayer contra el PSOE por amparar, dicen, la corrupción que atribuyen a Juan Carlos I y le exigieron medidas para acabar con la inviolabilidad del rey y poner fin a que pueda “delinquir sin reproche penal”. Sin embargo, los socialistas no están por la labor y, como dejó claro su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, no contemplan la posibilidad de suprimir la inviolabilidad del emérito ni que la Cámara le investigue. Mientras, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, insistió en que el emérito ha perdido una oportunidad, con su primera visita a España en dos años, de dar explicaciones por sus “conductas poco ejemplares”.

Evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que Juan Carlos I fije su residencia en España.El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, volvió a criticar al padre de Felipe VI por “humillar a los españoles” con su visita. Espera que los socialistas tomen la iniciativa para poner fin a la impunidad que “sigue vigente”. El PSOE tendría la oportunidad de hacerlo apoyando una proposición que Más País volverá a presentar para acotar la inviolabilidad del monarca.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también atacó al PSOE por hacer “de republicano en campaña y monárquico en Moncloa”, e insistió en que la visita de Juan Carlos I ha sido “vergonzante”. Tiró de ironía para destacar que, con su actitud “chulesca”, el emérito es “el mejor republicano de este país”, y le aconsejó seguir así porque “está haciendo una labor extraordinaria”. Más dura fue Miriam Nogueras, de Junts, al llamar “ladrón” al monarca y criticar que el PSOE se haga ahora el “ofendido” cuando, dijo, facilitó su “huida”.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, dijo que corresponde a Juan Carlos I decidir si quiere vivir en España y recordó que no tiene “ninguna causa pendiente”.En otro orden de cosas, la asociación Convivencia Cívica Catalana presentó ayer una denuncia contra el presidente de ERC, Oriol Junqueras, como presunto autor de un delito de calumnias y uno de injurias contra el emérito por llamarle “corrupto”.