La ley audiovisual sale adelante con la abstención de PP
El ERC vota finalmente 'no' fruto de una enmienda pactada entre PSOE, Cs y los populares
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.
El PP ha anunciado este jueves que se abstendrá en la votación de la Ley Audiovisual, hecho que facilita que la nueva normativa se apruebe sin el apoyo de ERC. Aunque los republicanos dieron apoyo a los presupuestos generales del Estado de 2022 a cambio del pacto en este texto, han pasado del 'sí' que hicieron la semana pasada en comisión a un 'no' después de que los socialistas hayan pactado con PP y Cs una enmienda que abre el abanico de las productoras que se consideran 'independientes' para meterle las que trabajan para los grandes grupos mediáticos. Previsiblemente, la Ley prosperará con los votos del PSOE, Podemos y PNV gracias a esta abstención del PP y de Cs. ERC, PDeCAT, Juntos y CUP se han situado finalmente al 'no'.
El diputado de ERC Joan Margall ha explicado en el pleno que la formación votará ‘no’ a la ley del audiovisual porque pactaron una presencia concreta de lenguas cooficiales y una definición sobre productor independiente que ahora el PSOE ha modificado de acuerdo con PP y Cs “para beneficiar en las grandes productoras y grupos estatales”. “Una vez más recuerdan que Ustedes son la segunda pata del régimen del 78”, ha asegurado. “No dejaremos tirados en el sector de producción independiente de Catalunya. Con esta maniobra Ustedes se cargan que puedan salir más ‘Alcarràs’”, ha concluido Margalll.
Según los republicanos, la enmienda de los socialistas "vuelve a favorecer el duopolio de siempre en detrimento de las auténticas productoras independientes". ERC ha registrado con Podem y Bildu otra enmienda transaccional que establece de lo que se consideran independientes las productoras vinculadas de forma estable con los grandes grupos.
El 'no' de ERC se sumará al de Junts, PDeCAT y CUP, que ya han adelantado que votarán en contra del texto porque consideran, no protege adecuadamente el catalán en el ámbito audiovisual. La ley aprobada mantiene el fondo de 15 millones de euros para contenidos audiovisuales en catalán, vasco y gallego, aunque no incluye la obligación de las grandes mayores que tienen sede fuera del Estado a hacer producciones en las lenguas cooficiales.
