Maniobra de Vox, Cs y PP para frenar la aprobación exprés de la ley sobre el catalán

El grupo ultraderechista Vox, PPC y Cs anunciaron ayer que piensan llevar la nueva ley para blindar el catalán en los colegios, que el martes pactaron in extremis PSC, ERC, Junts y comuns, al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). La maniobra podría retrasar su aprobación antes del próximo martes día 31, fecha límite que dio el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para ejecutar forzosamente la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano en los centros educativos catalanes. El Parlament aprobó ayer tramitar con la máxima urgencia

El movimiento de los partidos de las derechas también deja en el aire el decreto del Govern

la nueva normativa, que debía recibir mañana la luz verde definitiva en un pleno, pero con el movimiento de estos grupos quedan paralizados todos los trámites a la espera de que el CGE emita un dictamen.

El órgano tiene siete días hábiles para dictaminar sobre el texto. En el debate parlamentario, antes de la decisión de las derechas, el PSC reivindicó que el acuerdo “rompe la política de bloques” y contribuye a “cumplir” la sentencia judicial del 25 %. Por su parte, ERC y Junts celebraron que se haya podido “reconstruir el consenso” y “evitar las injerencias judiciales”.

Asimismo los comunes cargaron contra aquellos que rechazan la inmersión lingüística. La nueva normativa prevé reafirmar el catalán como “lengua vehicular” en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de “uso curricular”, sin fijar porcentajes y dejando margen de decisión a los centros. Por contra, los partidos de las derechas, Vox, Cs y el PPC denunciaron que la ley “incumple” la sentencia del 25 % y acusaron al PSC de “hacer el juego a los separatistas”.

También en contra, aunque en un sentido muy distinto, se pronunció la CUP, que criticó que independentistas, socialistas y comuns “adapten la legislación a la sentencia del 25%” y “convierten la sentencia en ley”. El pacto a cuatro bandas también dividió a entidades en defensa de la lengua. En Madrid, el Gobierno vio con buenos ojos la ley, aunque la ministra de Educación, Pilar Alegría, aseguró que velarán por que se cumpla la sentencia del 25%.

Debido a la intervención de los partidos de la derecha para paralizar la tramitación de la norma, ahora los que presentaron la ley están analizando qué posibilidades tienen, al igual que el Govern, que preveía aprobar su decreto ley también mañana tras la aprobación de la nueva norma en el Parlament.

Los centros elogian el acuerdo, pero están a la expectativa

Directores de centros educativos de Lleida elogiaron que la mayoría de grupos políticos se hayan puesto de acuerdo para blindar el catalán, pero están a la exceptativa de ver “cómo se concretará su ejecución”. “El pacto es muy importante”, indicó el director de un instituto, y el de un colegio lo ve “una buena opción”.

“Evita aplicar porcentajes y establece el uso de las lenguas con criterios pedagógicos, que es lo más normal para lograr los objetivos de competencia lingüística en todas las lenguas curriculares”, destaca, y valora que “el catalán continúa como lengua vehicular y de acogida”. Otra directora considera que “al final el TSJC obligará al 25% de castellano” y cree que con la nueva normativa “no estamos protegidos y si alguna familia exige más castellano, las direcciones lo pagarán y nos culparán”. Otra tiene “dudas” de que se blinde el catalán y de cómo interpretar que el castellano sa curricular.