El gobierno español aprueba la ley de prevención del despilfarro alimentario que fija sanciones para tirar comida

El gobierno español ha aprobado la ley de prevención del despilfarro alimentario que pretende incentivar las donaciones de alimentos para el consumo humano para evitar que se tire comer en buen estado. El texto iniciará ahora la tramitación parlamentaria en el Congreso. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha explicado en rueda de prensa después del Consejo de Ministros que todos los elementos de la cadena alimenticia estarán obligados a tener un plan|plano para|por ver como disminuir las pérdidas. Las tiendas de menos de 1.300 metros cuadrados quedarán excluidas. Las empresas que no cumplan se enfrentarán a sanciones. Además, los establecimientos de restauración de todo el estado español tendrán que facilitar a los clientes llevarse las sobras, tal como ya pasa en Cataluña.

Los bares y restaurantes estarán obligados a ofrecer gratuitamente un mecanismo para transportar los alimentos que no ha consumido al establecimiento. Cataluña ya lo reguló con una norma que el Parlament aprobó a principios de 2020.

Planas ha apuntado que el 40% de las pérdidas se producen en la venta al detalle o en los hogares y ha dicho que la administración no puede intervenir en esta parte del despilfarro con multas y que, por lo tanto, la norma también pretende "concienciar".

En relación con los grandes establecimientos, industrias alimentarias y la restauración, el ministro de Agricultura ha explicado que tendrán que disponer de acuerdos con bancos de alimentos u ONG para dar alimentos que no utilizarán siempre que estén dentro de la fecha de consumo preferente. Planas ha explicado que los alimentos que no se utilicen tendrán que tener como destinación|destino preferente el consumo humano y, en caso que no sea apto, transformarlo en otros subproductos alimentarios. Si no es posible, tendrán que ser destinados a alimentación animal y, como último recurso, a la elaboración de subproductos industriales o para hacer compuesto.

Con respecto al importe de las sanciones en empresas, las que no cuenten con un plan para prevenir el despilfarro pueden enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros. En caso de reincidencia en un plazo de dos años, las sanciones pueden subir hasta los 500.000 euros. El titular de Agricultura ha reivindicado que se trata de una regulación "pionera" de la cual sólo disponen Francia e Italia en el seno de la Unión Europea. Planas ha esperado que la norma pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2023, pero ha remarcado que depende del trámite parlamentario.