El Parlament aprobará hoy la ley en defensa del catalán con el aval del Consell de Garant

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE), órgano consultivo que vela por la adecuación de las leyes catalanas en el marco de la normativa vigente, avaló ayer de manera unánime la ley de protección del catalán en la escuela promovida por PSC, ERC, Junts y comuns. Tras el visto bueno, la nueva normativa se debatirá, votará y quedará aprobada en el pleno que arranca hoy en el Parlament. La Cámara catalana acordó el pasado 25 de mayo tramitar con la máxima urgencia la proposición de ley con la intención de aprobarla antes de que terminara el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio para ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% en castellano, que acabó el 31 de mayo, pero el dictamen solicitado por Vox, Cs y PP obligó a aplazar su aprobación hasta que se pronunciase el CGE.

En sus conclusiones, el órgano constata que la normativa no vulnera ni la Constitución ni el Estatut en la omisión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, ni tampoco al no establecer porcentajes de catalán y castellano en la escuela, que consideran una decisión “política”. De hecho, apuntan que la nueva ley da “un uso más amplio” al castellano en la escuela. En esta línea, señala que en la norma recoge “explícitamente” el uso “curricular y educativo” del castellano, lo que implica “reconocer la posibilidad de que se extienda sobre todo el conjunto de elementos que integran el sistema educativo”.

En cuanto a las objeciones de Vox, Cs y PP a que la ley no establezca un porcentaje mínimo del 25% de clases en castellano, el dictamen advierte de que “el contenido de las resoluciones de los tribunales ordinarios no constituye ningún parámetro para valorar la constitucionalidad ni la estatutariedad de las leyes”.La Generalitat celebró el aval del Consell y aseguró que la ley es necesaria para “proteger el modelo de escuela catalana”, al igual que ERC, Junts y comuns. El PSC se congratuló de que el CGE constate que la normativa fija un “uso más amplio” del castellano.

Vox, PPC y Cs, por su parte, anunciaron que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la nueva ley, a pesar del aval del CGE. Para ellos el dictamen no merece “ninguna credibilidad” porque se trata de un texto “consultivo” y “no judicial”. Además, critican que la norma es una “trampa” para tratar de burlar la sentencia del TSJC y “arrinconar” el castellano.

El decreto para eliminar los porcentajes espera otro dictamen

La congelación de la tramitación de la ley del catalán, debido a la petición de un dictamen al Consell de Garanties Estatuàries (CGE) por parte de Vox, PPC y Cs, provocó que el Govern acelerara la aprobación el pasado 30 de mayo de un decreto ley que, entre otras cosas, rechaza el uso de porcentajes en la enseñanza de lenguas, obliga a los centros educativos a verificar sus proyectos lingüísticos y pone al departamento de Educación como el único responsable legal. El decreto, que está pendiente de su ratificación en el Parlament a la espera de un dictamen por parte del CGE que pidieron Vox, PP y Cs, entró en vigor un día después de aprobarse, justo cuando acababa el plazo para aplicar la sentencia del 25%.

El decreto y la ley sirvieron al Govern para argumentar, ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ha habido un cambio legislativo y que, por tanto, ya no se puede aplicar el 25% de castellano.