CORRUPCIÓN POLÍTICA
Rajoy, imputado en Andorra por la 'Operación Catalunya'
Por coacciones para conseguir datos de líderes independentistas || Cospedal sabía que la ex de Jordi Pujol Jr. cobraba del Estado
Foto de archivo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
La justicia andorrana ha decidido investigar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristobal Montoro, según adelantó ayer el diario El Món. La juez ha tomado esta decisión a raíz de una querella presentada por la entidad Drets y por el Institut de Drets Humans d’Andorra, que denunciaban la trama andorrana de la conocida como “Operación Catalunya”. La magistrada concluye que se habría cometido un delito de ataque a la soberanía andorrana, incluido en el Código Penal del Principat, a través de coacciones, amenazas, extorsión y chantajes.
La intención de las coacciones, según la juez, era conseguir datos de las supuestas cuentas bancarias andorranas entre otras de la familia Pujol Ferrussola, del expresident Artur Mas y del líder de ERC, Oriol Junqueras. Por otro lado, según unos audios del excomisario José Manuel Villarejo a los que tuvo acceso el citado medio, la exsecretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, estaba al corriente de esta “Operación Catalunya” y de todos sus detalles en septiembre del 2017. La también ministra de Defensa estaba preocupada por que saliera a la luz que Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, estaba cobrando dinero de los fondos reservados del Estado a cambio de dar su testimonio contra la familia del expresident de la Generalitat Jordi Pujol.
Durante una reunión entre Cospedal y Villarejo, este le comenta que le preocupa que el contacto que supuestamente se encargaba de gestionar pagos y el testimonio de Álvarez fuera un policía, puesto que a su juicio era un riesgo. El Periódico, publicó ya en mayo que Interior pagaba a la ex de Pujol Ferrusola. El “caso Pujol” arranca precisamente con la denuncia de Álvarez contra la familia.
Por eso estas nuevas revelaciones podrían hacer tambalear la causa. Los procesados podrían reclamar la nulidad de las actuaciones porque se ha inducido económicamente al denunciante a relatar unos hechos que tampoco tendrían consideración de ilícito penal.
