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El Parlament aprueba presentar al Congreso la proposición de ley para garantizar el acceso a los cajeros automáticos

El texto establece que los municipios donde ahora no hay ningún cajero tiene que haber uno como mínimo

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El Parlament ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos excepto de Vox presentar al Congreso la proposición de ley de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera y de garantía en el acceso a los servicios bancarios. La propuesta, presentada conjuntamente por ERC, JxCat, la CUP y en Comú Podem, ha recibido siete enmiendas del PSC-Units, que también han sido aprobadas. El texto establece que los municipios donde ahora no hay ningún cajero tiene que haber uno como mínimo. Ahora, la cámara lo remitirá a la Mesa del Congreso, que tendrá que tratar la admisión a trámite para que se haga el debate de toma|presa en consideración, sesión para la cual el Parlamento tendrá que designar hasta tres diputados para que defiendan la iniciativa.

El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha trasladado al pleno su agradecimiento por "haber mejorado con las aportaciones de ERC, Junts, CUP y comuns" el primer texto que presentó el departamento de Economía. "Una vez aprobada la propuesta, nos toca confiar en que la cámara la escuche y la haga suya", ha dicho. También ha agradecido al PSC sus "aportaciones sustanciales mediante enmiendas". "Tenemos detectado un problema, sabemos como resolverlo y hemos llegado a un acuerdo para hacerlo", ha concluido.

La proposición de ley quiere que en los municipios se pueda hacer retirada e ingreso de dinero en efectivo, pago de recibos y tributos, consultas de movimientos y saldos, obtención de extractos y realización de transferencias. Además, también se incluye una disposición adicional para garantizar la atención presencial, ya que el Govern no tiene competencias para regular la obligatoriedad de instalar cajeros.

Debate sobre la propuesta al pleno

Los grupos que han presentado la propuesta lo han defendido en el debate realizado en el pleno antes de la votación. El diputado de ERC Lluís Salvadó ha asegurado que es "imprescindible determinar distancias mínimas" con respecto a la localización de cajeros automáticos. También ha defendido la propuesta de ley para no dejar "la garantía del acceso a los servicios financieros en las manos de las propias entidades financieras" y ha defendido que "hay que legislar. El diputado de Junts Jordi Munell ha afirmado que la propuesta "no es la manera más completa" de legislar, sin embargo "es la manera más fiable y más simple para que se pueda hacer más rápido". "Tenemos que conseguir de forma rápida que los 940 municipios de nuestro país y algunos barrios tengan acceso a un servicio que es esencial", ha añadido.

Por su parte, la portavoz de la CUP, Eulàlia Reguant, ha defendido la ley que, ha dicho, "es una parte mínima de lo que se tiene que hacer", y ha asegurado que "el abordaje global" al problema "pasa por una banca pública que sea de proximidad, que opere con productos comprensibles y que no tenga más de 19.000 millones de euros de beneficios". "Hay una lógica de seguir priorizando beneficios y abandonar a las personas que ya tienen dificultad de acceso al servicio bancario que es indispensable", ha concluido.

El diputado de ECP Joan Carles Gallego ha defendido la propuesta para poder contribuir desde el Parlament a que desde el Congreso se pueda legislar para el conjunto de la ciudadanía". Gallego ha criticado la pérdida de "115.000 puestos de trabajo y más de 23.000 oficinas bancarias" desde el año 2008. "Lo que pretende la propuesta es poner los servicios bancarios básicos al alcance de la ciudadanía para evitar la exclusión", ha dicho.

Cs y PPC también han dado apoyo a la propuesta. El diputado de Cs Joan Garcia ha criticado que la ley "tendría que ser más amplia", pero ha asegurado que no pueden votar en contra "porque la necesidad existe". No obstante, Garcia ha afirmado que la propuesta "no servirá para nada". El presidente del PPC, Alejandro Fernández, también ha asegurado que la propuesta "es necesaria". "Por una vez en la vida que hacen una cosa legal no nos pondremos 'tiquismiquis', entra dentro del ámbito competencial", ha concluido Fernández.

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