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El Parlament convalida el decreto de respuesta al 25% de castellano en la escuela con los votos de ERC, JxCat y comuns

La norma descarta los porcentajes y establece que Educación asume la responsabilidad legal de los proyectos lingüísticos

Plano general del hemiciclo en un momento de la sesión de control al presidente durante el pleno del Parlament.

El Parlament convalida el decreto de respuesta al 25% de castellano en la escuela con los votos de ERC, JxCat y comunsACN

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El Parlament ha convalidado con los votos de ERC, JxCat y en Comú Podam el decreto de respuesta al 25% del castellano en la escuela. El PSC-Units, Vox, la CUP-NCG, Cs y PPC han votado en contra. El texto descarta la aplicación de porcentajes en la enseñanza, establece que el Departamento de Educación tendrá que validar que los proyectos lingüísticos se adecuan a la norma y asumirá la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos que valide. El Consejo de Garantías Estatutarias, a instancias de Vox, Cs y PPC, emitió un dictamen avalando el decreto porque no vulnera ni la Constitución ni el Estatuto. El decreto complementa la proposición de ley pactada por PSC-Units, ERC, JxCat y en Comú Podem sobre el catalán en las aulas que ya aprobó la cámara.

De acuerdo con el decreto, el departamento de Educación asume la responsabilidad "legal" de los proyectos lingüísticos, además de la "inaplicación" de porcentajes de lengua. El texto, firmado por el presidente del Govern, Pere Aragonès, y por el conseller de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, concreta que los proyectos lingüísticos y las medidas adoptadas y que no se ajusten a los criterios y objetivos básicos que establece el decreto ley "tienen que ser revisados en el plazo más breve posible" durante el curso 2022-2023 a fin de que puedan adaptarse.

El Consejo de Garantías Estatutarias avaló por unanimidad el decreto al constatar que no vulnera ni la Constitución ni el Estatuto por lo que hace "a la omisión de la declaración del castellano como lengua vehicular" ni en la inaplicación de porcentajes en la enseñanza del uso de lenguas. El informe en el CGE, que no es vinculante, lo pidieron Vox, Cs y el PPC. El Parlament ya aprobó la ley del catalán para responder a la sentencia del 25% con los votos del PSC-Units, ERC, JxCat y en Comú Podem. Los grupos han rechazado tramitar el decreto como proyecto de ley. JxCat, CUP-NCG, Vox y PPC habían votado a favor que fuera así, y Cs se ha abstenido.

El debate

La diputada del PSC-Units Esther Niubó ha criticado que el decreto "rompe el acuerdo" en el cual los cuatro grupos habían llegado para la proposición de ley sobre el catalán. Los socialistas han criticado que el texto se hizo "a corre cocida" y lamentan que "no tiene en cuenta ni terceras ni cuartas lenguas". También lamentan que no recoja el uso "curricular" del castellano, junto con el catalán, como estable la proposición de ley. Finalmente, cuestionan que el Govern rechace establecer porcentajes para el castellano en la escuela pero que quieran impulsar un plan|plano de docencia del 80% en castellano en las universidades.

El diputado de Vox Manuel Jesús Acosta, ha criticado que el decreto "pretende modificar el marco legislativo para evitar la aplicación de la sentencia del TSJC". "Es un fraude de ley", ha denunciado el diputado de ultraderecha.

Desde la CUP, Nogay Ndiaye ha cargado contra el Govern por haber hecho un decreto "de despachos, que sólo ha tenido el consenso de algunos partidos políticos, sin contar en absoluto con la comunidad educativa". También ha alertado de que la norma "permite que la responsabilidad vuelva a recaer en los centros educativos" porque "liga la aplicación de la sentencia al proyecto de cada centro".

La diputada de los comuns, Jess González, cree que la convalidación del decreto representa "un paso más" en el blindaje del catalán en los centros. Y ha justificado el voto favorable a la norma de su grupo para actuar "con responsabilidad".

La diputada de Cs Anna Grau ha acusado a ERC y JxCat de haber convertido la lengua catalana "en un trapo sucio" y "un arma de guerra". Los ha acusado "de hispanofòbia" y de favorecer "el rencor eterno" entre catalanes. También ha acusado a los comunes de haber actuado "como auténticos burgueses de izquierda".

Por el PPC, Lorena Roldán ha tildado el decreto "de escándalo" y ha dicho que haría falta una respuesta "contundente" del gobierno español. "Pretenden seguir arrinconando el castellano y obligan a las familias a denunciar uno por uno los proyectos", ha valorado Roldán, que ha insistido en que los populares recurrirán el decreto al TC.

La diputada de JxCat Anna Erra ha celebrado que el decreto, junto con la proposición de ley, se ha conseguido los "instrumentos para plantar cara y batalla jurídica y política ante los tribunales". Mònica Palacín (ERC) ha garantizado que el Govern lo hará "todo" por la lengua. También ha lamentado que la CUP, que ha rechazado el decreto, "se equivoca de adversario".

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