El TSJC admite que no puede aplicar el fallo del 25% de castellano y remite la norma al TC

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido suspender la ejecución forzosa de la sentencia que obligaba a impartir un 25 por ciento de clases en castellano a raíz de la legislación impulsada por el Govern y que cambia el marco normativo. En una providencia, los magistrados reconocen que el decreto aprobado por el Consell Executiu y la ley aprobada por el Parlament en las últimas semanas “determinan la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia”, que no podrá ponerse en marcha al inició del próximo curso. El decreto de la Generalitat fijaba los criterios de los proyectos lingüísticos de los centros y que excluía la aplicación de porcentajes en la enseñanza de las lenguas.

La Cámara catalana, por su parte, sacó adelante una ley que fijaba el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje y reconocía el uso curricular del castellano. La norma fue pactada y sacada adelante por ERC, Junts, PSC y comuns. Pese a que este nuevo marco legal ha paralizado la ejecución de la sentencia, el Superior de Justicia señala que ambas normativas “suscitan serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad”.

En este sentido advierte que establecer el castellano como lengua de uso curricular entra “en contradicción con el fundamento constitucional que determinó la sentencia, y que se concretó en el reconocimiento del castellano como lengua vehicular”. El fallo del 25 por ciento, dice el Superior de Justicia, se basa en un modelo de conjunción lingüística, lo que no permite la nueva normativa. Los magistrados consideran que la legislación actual podría infringir el artículo de la Constitución que establece el castellano como lengua oficial del Estado, el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Por eso, da diez días a las partes personadas para que se pronuncien sobre si debería presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que éste evalúe si la nueva normativa se adecua a la Constitución y a la jurisprudencia sobre el catalán que marcó la sentencia del Estatut.Después de conocerse la decisión del TSJC, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, celebró la noticia asegurando que esta es “una primera victoria y el primer paso para que la sentencia del 25% de castellano no se aplique en ninguna aula” en el próximo curso. Sobre la posible inconstitucionalidad de la nueva normativa, el titular de Educación recordó que recibió el aval del Consell de Garanties Estatutàries. “Lo que hemos hecho es lo que dijimos que haríamos.

Dijimos que dotaríamos de escudo jurídico y legal a todas las direcciones para que no tuvieran ningún tipo de riesgo y siguieran haciendo el trabajo que saben hacer”, concluyó Cambray.

ERC y Junts celebran el “triunfo del consenso”

La portavoz de ERC, la leridana Marta Vilalta, celebró como un “triunfo” de la política y los consensos que Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya constatado la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia del 25% de castellano en la escuela porque se contradice con la nueva normativa catalana. “Consideramos que este fallo es una victoria parcial”, destacó en una rueda de prensa, en la que sostuvo que demuestra que “ha tenido todo el sentido la estrategia y el camino trazado” los últimos meses para construir un “amplio consenso político”.

En esta misma línea, desde Junts, su portavoz, Josep Rius, afirmó que por ahora “se ha ganado una batalla, no la guerra”, celebró que el fallo permitirá empezar el curso escolar sin la aplicación del 25% de castellano en las aulas. Asimismo, afirmó que la decisión del TSJC demuestra la importancia de hacer un decreto ley “que impidiera la aplicación de las cuotas era válida para mantener la inmersión, el catalán como lengua vehicular y la protección de los maestros y directores de centro”. Además, el portavoz consideró que este movimiento evidencia la necesidad de “confrontar la sentencia en lugar de acatarla, y que la confrontación es la vía” para defender el catalán en las escuelas”.

El PSC recuerda que el Consell de Garanties avaló la ley del catalán

La portavoz del PSC, Elia Tortolero, defendió ayer la nueva ley sobre el catalán en la escuela pactada y aprobada por su formación, ERC, Junts y comuns, y recordó que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la “avaló constitucionalmente”. Tortolero, que expresó “todo el respeto por las decisiones judiciales que se tomen”, aseguró que los socialistas catalanes apoyaron la nueva ley porque considera que actualiza el modelo lingüístico y garantiza el uso del castellano como lengua de aprendizaje. Por su parte, las entidades Hablamos español y Convivencia cívica reclamaron a los partidos que recurran al Tribunal Constitucional la nueva ley del catalán que de momento impide ejecutar la sentencia del 25%.

Ambas entidades, que critican la “inacción” del Gobierno central, creen que los partidos pueden pedirlo, ya que, a su juicio, las leyes se aprobaron expresamente para incumplir la sentencia.

Aragonès aplaude una victoria que considera ‘parcial’

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró ayer que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que constata la inaplicación del fallo del 25% de castellano es una “victoria parcial” para el catalán en las aulas. “Conseguimos hacer valer los criterios pedagógicos, académicos y educativos para defender el catalán en la escuela”, dijo después de la decisión del TSJC, que también plantea llevar al Tribunal Constitucional la nueva normativa catalana sobre el uso de las lenguas en la enseñanza.

Aragonès sostuvo que defenderán el nuevo marco legal ante el TC “con los dos dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries que avalan por unanimidad” tanto la ley como el decreto ley aprobado por el Govern. “El consenso político ha sido clave. También la decidida voluntad de legislar sobre las lenguas en la escuela, asumiendo la responsabilidad desde el Govern con una clara mayoría parlamentaria”, añadió.