El abogado general del TJUE da la razón a Llarena sobre las euroórdenes de los exiliados

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) defiende que hay que demostrar que hay "deficiencias sistémicas" en el sistema judicial del Estado para rechazar las euroórdenes contra los líderes independentistas reclamados para el 1-O.

En respuesta a las preguntas del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el abogado general del TJUE Jean Richard de la Tour apunta que no se puede rechazar la entrega por riesgo de vulneración de derechos fundamentales si no se demuestran "deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del estado miembro emisor". Además, el letrado defiende que el tribunal que tiene que decidir sobre la entrega no puede cuestionar si el Tribunal Supremo es competente.

La opinión no vinculante del abogado general del TJUE apunta que Bélgica se extralimitó en el rechazo a la euroorden del exconsejero|exconseller Lluís Puig, la cual denegó por riesgo de vulneración de los derechos fundamentales y al cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para juzgar los implicados en el caso del 1-O. Aunque la opinión responde a los motivos por los cuales Bélgica rechazó la extradición de Puig, los argumentos que el tribunal de Luxemburgo dé en la sentencia definitiva afectarán en el resto de euroórdenes contra líderes independentistas, incluida la de Carles Puigdemont.

Las preguntas de Llarena

La opinión del abogado general del TJUE responde a las preguntas prejudiciales que Llarena presentó en marzo del 2021 después de la negativa de Bélgica a extraditar al exconsejero|exconseller Lluís Puig al ver un riesgo de vulneración del derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Eso marcaba un precedente para el resto de euroórdenes y Llarena envió al TJUE hasta siete preguntas en las cuales exponía sus dudas sobre la interpretación que hacen a los magistrados belgas de la normativa que regula las euroórdenes.

Concretamente, Llarena preguntó al TJUE si Bélgica puede examinar el riesgo de vulneración de derechos fundamentales en el caso de los exiliados. En caso de que así sea, también pedía aclarar si la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias vinculado a la ONU es un elemento lo bastante sólido. Además, el juez del Tribunal Supremo quería saber hasta qué punto Bélgica puede rebatir su competencia para juzgar los implicados en el caso del 1-O.