Fiscalía pide para Borràs 6 años de prisión y 21 de inhabilitación por fraccionar contratos

La Fiscalía Superior de Catalunya ha pedido condenar a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación y a una multa de 144.000 euros por presuntamente fraccionar 18 contratos para encargar a dedo proyectos a un amigo sin necesidad de licitar cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El escrito de acusación atribuye a Borràs los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental, pero en cambio descarta el fraude y la malversación continuada, los que hubieran hecho aumentar considerablemente la pena, por los que sí que la procesó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hace dos semanas, porque las fiscales no ven acreditado que la ILC pagara de más por estos encargos. Fiscalía también acusa al amigo de Borràs Isaías H., que supuestamente se favoreció de los contratos, y a Andreu P., que presuntamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC, mientras que queda fuera de la acusación el técnico de la ILC Roger E., que estuvo investigado por presuntamente facilitar los trámites.La inhabilitación de 21 años que la Fiscalía reclama para Borràs se desglosa en 15 años por el delito de prevaricación y otros 6 años por el delito de falsedad documental, que también lleva aparejado la pena de prisión y la multa.

Ahora la pelota vuelve a estar en manos del juez del TSJC, que deberá dictar la interlocutoria de apertura de juicio–algo que podría suceder en los próximos días–. Esquerra y Junts deberán entonces decidir si la suspenden de su cargo. El reglamento del Parlament establece que, en caso de delitos de corrupción, el diputado implicado deberá ser suspendido de manera inmediata cuando se le abra juicio oral.

La líder de Junts defiende su inocencia y reitera que no dimitirá

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, defendió ayer de nuevo su inocencia y reiteró que no piensa dimitir de su cargo después de la petición de condena de la Fiscalía Superior de Catalunya. La también líder de Junts denunció la “desproporción” de las penas que le piden–6 años de cárcel y 21 de inhabilitación– y pidió a los partidos independentistas hacer un frente común para poner fin a esta “persecución política”. En este mismo sentido se pronunció el secretario general de la formación, Jordi Turull, que aseguró que la petición de Fiscalía acredita la “persecución política” y pidió a ERC y la CUP una reunión para abordar el tema.

Junts, que cerró filas con su presidenta, quiere modificar los estatus del partido, que prevén suspender afiliados cuando se les abre juicio por corrupción, ahora que su presidenta está pendiente de la apertura del juicio oral en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.