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JUSTICIA EDUCACIÓN

Archivan una querella contra Cambray por el fallo del 25%

Fiscalía no aprecia prevaricación ni desobediencia por no aplicarlo || Pide al TSJC dar carpetazo a otras dos denuncias

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray.

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray.EUROPA PRESS/ DAVID ZORRAKINO

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La Fiscalía Superior de Catalunya ha archivado la denuncia presentada por Ciudadanos contra el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obligaba a garantizar un 25% de castellano en la escuela catalana, al no apreciar delito alguno. También ha solicitado que se archiven otras dos denuncias presentadas –en este caso directamente en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya– por el mismo motivo, una del partido de extrema derecha Vox y otra de entidades españolistas como Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español. En sus respectivas denuncias, ambos partidos y las dos entidades, exponían que Cambray pudo incurrir en un delito de desobediencia al no dictar instrucciones para que se cumpliera la sentencia que fijaba un mínimo de 25% de castellano en las escuelas catalanas antes del plazo fijado, el 31 de mayo de 2022.

También le atribuían un delito de prevaricación administrativa por actuaciones “manifiestamente arbitrarias” y siendo conscientes de que eran injustas.El fiscal superior, Francisco Bañeres, no obstante, argumenta en su decreto de archivo que no aprecia delito de prevaricación ni en las instrucciones dadas a los centros educativos cuando la sentencia del TSJC fue firme, ni tampoco en la aprobación de la nueva ley sobre el uso de las lenguas en las aulas. Respecto al delito de desobediencia grave a la autoridad judicial con las instrucciones dictadas por Cambray a los centros educativos, opina que debe ser el propio TSJC quien decida si hubo “indebida desatención a sus requerimientos.El Ministerio Público también constata que el nuevo decreto y la nueva ley impulsadas por el Govern sobre las lenguas en la educación “vienen a establecer un nuevo marco regulador de proyectos lingüísticos”, tal y como dijo el TSJC, que declaró la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia, aunque también vio vicios de inconstitucionalidad en ella.

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