La apertura de juicio a Borràs deja en el aire su cargo de presidenta del Parlament

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) abrió ayer juicio oral contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por los delitos de prevaricación y falsedad documental por fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que dirigió hasta 2018 para adjudicárselos a un amigo. En un auto, que no puede ser recurrido, el juez Carlos Ramos ordena sentar a Borràs en el banquillo de los acusados, en una fecha aún por fijar, después de que la Fiscalía pidiera para ella una condena de 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación. Junto a la también presidenta de Junts, se sentarán los otros dos investigados en el caso: su amigo Isaías H., adjudicatario de los contratos para quien el Ministerio Público pide la misma pena, y Andreu P., quien supuestamente elaboró facturas que permitieron enmascarar las irregularidades y que afronta una condena de tres años de cárcel y diez de inhabilitación.

Con la apertura del juicio oral, el TSJC da diez días a la defensas para que presenten sus escritos expresando su desacuerdo o su conformidad con los hechos que la Fiscalía ve delictivos.Esta situación deja el futuro político de Borràs en manos del Parlament, que deberá decidir si la suspende de su cargo en base a un artículo del reglamento que obliga a apartar a los diputados que estén a la espera de ser juzgados por corrupción (ver desglose). Tanto el PSC como ERC y la CUP volvieron ayer a pedir a la presidenta que se aparte y deje el cargo por propia iniciativa, antes de que se vote su suspensión en la Mesa. De llegar a ese último punto los tres advirtieron de que votarán a favor de que se la suspenda de sus funciones.

Al tratarse de una causa relacionada con la corrupción, el enfoque que ERC y la CUP dan al caso es distinto del de los independentistas encausados por el procés, pese a que Borràs insiste en que “no hay caso” y en que es víctima de la “persecución política” del Estado para intentar apartarla de la primera línea, por lo que pide a las fuerzas independentistas que respeten la “unidad antirrepresiva”. Ante esto, la Ejecutiva de Junts, que se reunió de urgencia tras la noticia, dio su apoyo “sin fisuras” a su presidenta y emplazó al resto de fuerzas independentistas a “no caer en la trampa del Estado español”, que, según ellos, les quiere divididos y enfrentados.Por su parte, tanto Vox como Cs presentaron un escrito a la Mesa en el que reclama que se aplique el artículo 25.4 del reglamento y se le suspendan los derechos y deberes parlamentarios y que se fije día y hora del pleno para elegir la nueva presidencia del Parlament. El PP le pidió la dimisión.Los comuns también demandan su dimisión y su suspensión como diputada, porque “nadie está por encima de la institución ni del deber de ser ejemplar ante la sombra de la corrupción”

ERC y la CUP consideran que la causa de Borràs no está relacionada con la represión al soberanismo

Si el Parlament suspende a Borràs, Alba Vergés, vicepresidenta y de ERC, asumiría su cargo

La apertura de juicio oral a Laura Borràs y su negativa a dejar su cargo sitúa al Parlament en una dimensión desconocida, porque nunca se había sentado en el banquillo a un presidente en ejercicio del cargo, y el reglamento permite más de un camino a seguir.

Por ahora, la Mesa debe decidir mañana en una reunión extraordinaria si la suspende del cargo, en virtud de la aplicación del artículo 25.4, que del reglamento de la Cámara catalana, que obliga a este órgano a suspender a los diputados que se enfrenten a juicio oral por corrupción. La correlación de fuerzas ahora mismo es claramente desfavorable para Borràs, ya que Junts solo tiene dos miembros –ella, que además no podría votar por evidente conflicto de intereses, y Aurora Madaula–, frente a dos de ERC, dos del PSC y uno de la CUP, que ya avisaron que votaran a favor de su suspensión si no dimite. Si el Parlament opta por esta opción, que parece la más probable, no se activaría automáticamente su relevo.

Sería la vicepresidenta de la Cámara, Alba Vergés, la que asumiría sus funciones. ERC ya aseguró que estaría dispuesto a aceptar que fuera alguien de Junts quien la sustituyera, lo que obligaría a una reestructuración de la Mesa. Si se generara la “duda” sobre si el delito de prevaricación de la que se la acusa debe considerarse como corrupción, debería solicitarse un dictamen a la comisión del estatuto de los diputados, que dirige el diputado y abogado Jaume Alonso-Cuevilla.

Como última opción el caso podría llegar al pleno del Parlament, donde los 135 diputados deberían decidir.