Generalitat y Gobierno pactan desjudicializar la política y proteger e impulsar el catalán

La mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat celebrada ayer en Madrid acabó con dos acuerdos: uno “parcial” para “desjudicializar la política” y otro para “impulsar y proteger la lengua catalana”, dando autonomía a los centros educativos en Catalunya para que decidan sobre el refuerzo de esta lengua y para fomentar su uso en el Senado y en el Parlamento europeo. Así lo avanzaron ayer el ministro para la Presidencia, Félix Bolaños, y su homóloga catalana, Laura Vilagrà, que encabezaron las delegaciones de sus respectivos Ejecutivos, ante la ausencia tanto de Pedro Sánchez como de Pere Aragonès. Bolaños concretó que el impulso de la desjudicialización debe llevarse a cabo dentro del ordenamiento jurídico vigente y que la eventual mejora del marco normativo se ha de producir mediante mecanismos ya establecidos.

Además insistió en que los acuerdos deben ser con mayorías “grandes”, aunque no se hicieron concreciones de cómo podrán fin a la judialización de la política. En este sentido, insistió en que una eventual reformar del delito de sedición, como solicita la Generalitat, no es posible en estos momentos porque no existe esa mayoría parlamentaria para ello.Entre las premisas que centran el pacto sobre el catalán, el ministro reconoció y valoró la ley sobre la protección de la lengua aprobada por el Parlament “con un 80% de apoyos” y señaló que Moncloa ve con buenos ojos que cada centro educativo tenga autonomía para fomentar la lengua que considere que se debe reforzar. Además se comprometió a proyectar la diversidad lingüística y a solicitar el catalán como lengua de uso en el Parlamento europeo, al igual que en el Senado.Desde la sede de la Generalitat en Madrid, Vilagrà también celebró estos “primeros acuerdos” ya que se trata, dijo, de un “paso previo imprescindible” para afrontar la “resolución del conflicto político en Catalunya”, aunque advirtió de que mientras no se reconozca el derecho a la autodeterminación esa resolución seguirá estando lejos.

La consellera precisó que el acuerdo prevé que antes de que acabe el año tiene que “haber reformas legislativas que hagan efectiva ese fin de la judicialización” para “superar la represión” que, a su juicio, aún se está produciendo. En esta línea, afirmó que “la mayoría” para reformar el delito de sedición sí que existe. En cuanto al acuerdo sobre la lengua, valoró que el Ejecutivo central “de cobertura” a la fórmula de protección aprobada por el Parlament.Vilagrà, que espera que la mesa vuelva a reunirse en otoño, aseguró que explicó los pactos a sus socios de Govern, Junts, que no asistieron al encuentro al ver este espacio de diálogo como una vía muerta y que consideraron que este espacio de negociación se está alejando de los objetivos inciales: la amnistía y la autodeterminación

Junts, que no estuvo en la mesa, criticó que ERC está dejando de lado la amnistía y autodeterminación

Catalunya podrá gastar 3.100 millones de euros adicionales en el presupuesto de 2023 que se destinarán a combatir la inflación, el “gran problema económico” que afronta toda Europa, según anunció ayer el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró tras asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En el encuentro se confirmó que las autonomías podrán aumentar el margen de déficit hasta el 0,3% del PIB, un acuerdo alcanzado entre los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Las dos décimas de déficit adicional pactadas permitirán a la Generalitat gastar otros 525 millones de euros en las cuentas públicas del 2023. En la reunión, el ministerio de Hacienda confirmó que para el próximo año las comunidades autónomas recibirán 134.336 millones de euros del sistema de financiación autonómica, un 24% más que en el presente ejercicio y un nuevo máximo histórico.De estos, en total, Catalunya podrá disponer de 26.560 millones de euros, dato que incluye los anticipos del próximo año, las liquidaciones de hace dos ejercicios, el margen de déficit extra y otros ingresos adicionales incluidos en la disposición adicional tercera del Estatut, para compensar el déficit de infraestructuras o para reforzar a la policía catalana.El conseller advirtió que el gasto extra no se puede destinar a acciones estructurales para evitar recortes más adelante, ya que a partir de 2024 volverán a estar en funcionamiento las reglas fiscales, suspendidas actualmente.