El Gobierno fija un mínimo de 50 años para guardar “altos secretos”

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de la nueva ley de Información Clasificada –también conocida como de Secretos Oficiales–, que establece un plazo de 50 años prorrogables en 15 más para desclasificar documentos “de alto secreto”. Según la nueva norma, los secretos se distribuirán en cuatro categorías –alto secreto, secreto, confidencial y restringido– y los años para desclasificarlos variarán según el rango, llegando hasta los cuatro en el caso de los documentos restringidos. Actualmente, de acuerdo con la ley de 1968, no hay plazo máximo para la desclasificación de información.

No obstante, la documentación que actualmente está clasificada seguirá siendo secreta con la nueva ley.Hasta ahora, la custodia de los secretos del Estado eran competencia del Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI), adscrito al ministerio de Defensa.Ahora, la custodia de la información clasificada pasará al ministerio de la Presidencia, que lidera Félix Bolaños. El ministro remarcó que los plazos para desclasificar documentos podrán revisarse por la autoridad que los clasificó y se abrió a negociar el texto con los partidos.Por su parte, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se mostró contrario a los plazos planteados en el texto, y marcó las distancias con sus socios de coalición al asegurar que esa propuesta es del PSOE y no de todo el Gobierno.También desde el PNV y Bildu advirtieron que la nueva ley es “insuficiente” y no cumple con los compromisos adquiridos, porque no abre la puerta a desclasificar documentación sobre los GAL. Además, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no pacte la ley de Secretos con su partido y que opte por “debilitar” a Robles al quitarle competencias.

Sánchez descarta reformar el delito de sediciónEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió ayer en que “está a favor” de reformar los delitos de sedición y rebelión, pero considera que actualmente “no hay mayoría” en el Congreso para hacerlo posible. Aseguró que la reforma de estos dos delitos “es necesaria y oportuna”, pero “existen unas Cortes y unas mayorías parlamentarias, y yo actualmente no veo esta mayoría”. No obstante, según Sánchez, “si se dieran” estos apoyos “el Gobierno planteará esta reforma”.

Así, aseveró que no se trata de una cuestión “de opinión política”, sino que, dijo, España tiene que “homologarse” en ese tipo de delitos a otros países como democracia “consolidada que es”. Por último, avanzó que el Ejecutivo desvelará en septiembre los nombres de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que nombrará, y emplazó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a hacer lo propio para avanzar en la renovación de cuatro de sus miembros, cuyo mandato está caducado. En este sentido, volvió a reclamar al PP que “tras más de 1.000 días, cumpla la constitución y renueve el Poder Judicial”.