CRISIS ENERGÉTICA
La temperatura de la discordia
La normativa laboral prevé que los “trabajos ligeros” se desempeñen a un máximo de 25 grados|| Carnicerías y pollerías reclaman aclaraciones
“La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 grados centígrados”. Así lo recoge el real decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y que choca con las medidas aprobadas por el último Consejo de Ministros para ahorrar energía. Moncloa prevé, entre otras medidas, que la climatización no baje de los 27 grados en verano y que la calefacción no suba por encima de los 19 en invierno para los espacios públicos.
Hablamos desde las administraciones hasta las empresas, con algunas excepciones, como es el caso de los hospitales, por poner un ejemplo. La normativa laboral, de hecho, solo prevé que los trabajadores soporten temperaturas de 27 grados en el caso de empleos sedentarios, como podría ser el de una oficina. A partir de aquí surge pues una nueva polémica, porque un empleados de un local de hosletería, por ejemplo, estaría llevando a cabo una actividad que no es sedentaria y, por lo tanto, podría requerirse que la temperatura de su lugar de trabajo no superara los 25 grados citados.
La polémica está servida y el miércoles, por ejemplo, la sucursal 35 de Correos de Barcelona en la calle Calàbria 235 paralizó su actividad laboral después de que los delegados de prevención de riesgos laborales de UGT, CCOO y CGT de Catalunya interpusieran una denuncia ante la Inspecció de Treball por el “exceso de temperaturas” en el centro (entre los 32 y 33 grados). Eso sí, no ha trascendido si tenían climatización o a qué temperatura estaba puesto el termostato. En medio de la polémica, las carnicerías y pollerías reclaman que el Gobierno aclare el control de temperatura en sus establecimientos.
Solicitan una clarificación con la aplicación de las medidas para evitar la inseguridad jurídica.Todo ello mientras continúa la polémica y desde la derecha se pone en duda la viabilidad de las multas previstas en caso de incumplir la normativa. Desde el Gobierno se tacha de antieuropeista a los críticos con el plan de ahorro y PP y Cs contratacan con “el uso del Falcon”.