Ribera sugiere que habrá “un margen” para cumplir las medidas de ahorro energético

Las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno central, con las cuales se prevé cumplir el objetivo europeo de reducir el consumo de gas un 7% a raíz del conflicto en Ucrania, ya están en vigor desde la pasada madrugada a pesar de la polémica política y las críticas de algunos sectores empresariales. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, descartó cualquier aplazamiento o suspensión, aunque ayer dijo que cree que no se impondrán multas “inmediatamente” sino que habrá que “dar un margen” a los propietarios de empresas y negocios para que sigan la normativa. El plan prevé que los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan las normas de ahorro afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.

No obstante, “si pasan los días y eso no está ocurriendo, o si mañana (por hoy) hay un problema serio porque en algún sitio no se aplica masivamente ninguna medida”, el Ejecutivo contactará “inmediatamente” con la comunidad autónoma en cuestión sin esperar “meses ni semanas”, advirtió. Pero no cree que haya “una voluntad constatada y generalizada de incumplir las normas”.Limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte, espacios culturales y hoteles, así como apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas son las primeras medidas. Tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.Empresas como Santander y CaixaBank decidieron apagar desde anoche a las 22.00 horas los rótulos luminosos de sus sedes corporativas y de las sucursales para adecuarse al plan.

CaixaBank optará por dejar encendidas sus ‘banderolas’ para indicar la existencia de los cajeros abiertos 24 horas, mientras que Santander las apagará.Después de que Madrid anunciara su intención de recurrir el plan de ahorro energético, otras comunidades gobernadas por el Partido Popular señalaron ayer que se dan un tiempo para comprobar si el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez invade sus competencias y en consecuencia deciden también impugnarlo. Moncloa, entretanto, acusa al PP de insolidario y negacionista por sus críticas.

El comercio de Lleida se lamenta de los nuevos costes a afrontarLa Federación de Comercio de Lleida calcula que las tiendas y establecimientos catalanes deberán hacer una inversión mínima de 100 millones de euros para cumplir el plan de ahorro energético del Gobierno central.

Unas medidas que califica de “inasumibles” de aplicar antes del 30 de septiembre y reclama que estas vengan acompañadas de ayudas al sector. Por ejemplo, sobre la obligación de instalar puertas en las entradas y salidas de las tiendas para ahorrar energía, la Fecom detalla que “es imposible cumplir” esta medida, ya que “en Catalunya un 20-25% de sus comercios debe poner puerta porque actualmente no tiene. Según sus cálculos, cada tienda deberá invertir del orden de 5.000 a 7.500 euros para adaptarse.

La polémica ha precedido al plan también en otros establecimientos y, por ejemplo, los bares y restaurantes podrán estar a 25 grados, dos menos de la norma general.