El Consejo de Ministros aprueba la ley del aborto que elimina la obligación de permiso paterno a partir de los 16 años
La norma incluye las bajas por reglas dolorosas y suprime los tres días de reflexión obligatorios para abortar
Protesta ante la delegación de Salud en Lleida por un Aborto Libre y Seguro.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva ley del aborto que elimina la obligación de tener permiso paterno para abortar a partir de los 16 años o en el caso de mujeres con discapacidad. La norma, que ahora pasará al Congreso, también suprime los tres días de reflexión obligatorios para interrumpir el embarazo y pretende garantizar que la intervención se pueda hacer en la sanidad pública en centros próximos del domicilio de las mujeres. Además, el texto incluye las bajas por reglas dolorosas y la financiación pública de las pastillas anticonceptivas de última generación. La ley se ha llevado al Consejo de Ministros sin esperar al informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha remarcado en rueda de prensa en la Moncloa que con esta ley la ciudadanía gana derechos. "El país feminista que ya somos se está abriendo paso con firmeza en la arquitectura del Estado en el momento en que más lo necesitamos", ha afirmado, y ha recordado la aprobación al Congreso la semana pasada de la ley del 'sólo sí es sí'.
La norma incluye por primera vez las bajas por reglas muy dolorosas e incapacitantes. Será en forma de incapacidad temporal sin límite de días y asumida por el Estado desde el primero. No será necesario tener días previos de cotización como pasa con otras incapacidades. La incapacidad temporal por menstruación se dará por cuadros médicos que deriven en reglas incapacitantes, por ejemplo, vinculadas a enfermedades como la endometriosis o los ovarios poliquísticos. El texto también incorpora la baja previa al parto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad. La ley incluye una baja incapacitante por aborto y la provisión de asistencia a las mujeres que se sometan a la intervención así como la garantía de la interrupción del embarazo en la sanidad pública con énfasis en la proximidad al domicilio de las mujeres.
La norma reconoce la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que no quieran practicar abortos como derecho individual y lo regula como se hace en la ley de la eutanasia para garantizar que siempre habrá personal disponible para hacer este tipo de intervención. Quien se declare objetor, será de aplicación tanto en la pública como|cómo la privada. Además, las pastillas anticonceptivas de última generación serán financiadas públicamente y volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social. El anterior ejecutivo del PP retiró en el 2013 del catálogo cubierto por el Estado la gran mayoría de pastillas anticonceptivas orales más modernas. También se promoverán los métodos de anticoncepción masculina.
Otro elemento que contempla el anteproyecto de ley es el reparto gratuito en institutos, prisiones, centros cívicos u organismos públicos de productos de salud menstrual como tampones, comprendidas o copas menstruales para acabar con la pobreza menstrual. Los centros educativos, de salud o penitenciarios repartirán gratuitamente métodos barrera de anticonceptivos vinculados a campañas de educación sexual.
Además, reconoce la gestación con vientres de alquiler como una forma de violencia contra las mujeres y prohíbe la publicidad de las empresas de intermediación. El texto también pone énfasis en la formación en educación sexual y menstrual que será integral y dará protagonismo al consentimiento y las relaciones fomentadas en el buen trato.
