La ONU da la razón a Junqueras, Turull, Rull y Romeva y dice que España violó sus derechos

El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó ayer que España violó los derechos políticos del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y de los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull al suspenderlos como diputados del Parlament antes de ser condenados por el Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre de 2017. Ha llegado a esta conclusión tras examinar la denuncia de los cuatro líderes independentistas que, durante su detención preventiva, presentaron su caso ante el Comité aduciendo que la suspensión de sus funciones, previa a la existencia de una condena, violaba sus derechos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este sentido, apuntó que su suspensión no cumplía “los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos”.El órgano, integrado por 18 expertos independientes y cuyas decisiones no tienen carácter vinculante, subrayó que los exdiputados fueron apartados de sus cargos en julio de 2018, tras ser acusados de un delito de rebelión –que comporta el uso de la violencia– por su papel en el 1-O y en los hechos que llevaron al Parlament a declarar la independencia de Catalunya en octubre de 2017.

Todo ello a pesar de que habían instado a la ciudadanía a mantener la paz.Concretamente, fueron apartados de sus cargos de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios solo cuando se les acusa de rebelión. Sin embargo, finalmente en octubre de 2019 fueron condenados por sedición –que, a diferencia del delito de rebelión, no exige el elemento de violencia–, levantándose consecuentemente la suspensión en su contra. Al respecto, el comité aseguró que la decisión de acusarlos de rebelión “no se basaba en unos criterios razonables”.También apuntó que el Estado tiene “la obligación de proporcionar” la posibilidad de “recurso efectivo”.

“Eso requiere de una reparación integral a los individuos se les han violado los derechos a los cuales”, remarcó.Por otra parte, si bien el Comité de Derechos Humanos de la ONU se autodefine como “cuasi-judicial” –y por tanto no vinculante–, una de sus integrantes, Hélène Tigroudja, aseguró que esta decisión es “un paso importante”. Insistió en que la acusación de rebelión “no era previsible” ni “se basaba en motivos razonables y objetivos” y concluyó que “la decisión de suspender políticos electos tiene que basarse en leyes claras y previsibles que establezcan motivos razonables y objetivos para la restricción del derecho político”.A pesar de la resolución del Comité, dos de sus miembros discreparon al asegurar que la actuación de los tribunales españoles fue “razonable y oportuna”. José Santos Pais, de Portugal, y Wafaa Bassim, de Egipto, subrayaron que los cuatro exconsellers actuaron en contra de la ley y desoyeron las resoluciones del Tribunal Constitucional.

“Sus derechos fueron restringidos porque recurrieron a medios ilegales en lugar de las vías constitucionales”, señalaron.

El independentismo denuncia la “represión” del Estado y pide la amnistía

Los líderes independentistas celebraron el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU como un nuevo revés a la justicia española en el marco del conflicto entre Catalunya y el Estado. El exvicepresident de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, afirmó que esta resolución evidencia “que España no puede seguir con estas prácticas represivas contra el independentismo”, y defendió que la única salida al conflicto es la amnistía.

En la misma línea, el exconseller Raül Romeva vio el dictamen como “una mala noticia para el Estado”. También el secretario general de Junts, Jordi Turull, subrayó que se trata de “una nueva victoria internacional del independentismo contra el Estado español y sus represores con toga”, y Josep Rull lamentó que “en un estado de derecho homologable habría consecuencias fulminantes”.Más tajante se mostró el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que describió la conclusión de la ONU como “otra bofetada en la cara al Estado español por la violación del derecho político de los representantes”. “Los responsables de aquella violación no pueden dar lecciones de democracia”, aseguró, antes de añadir que “tendrían que asumir responsabilidades”.El actual jefe del Executiu, Pere Aragonès, subrayó que el posicionamiento de la ONU “deja al descubierto en ojos del mundo las vergüenzas del Estado”, y aseguró que es “una victoria moral y política” que da “más argumentos” para avanzar hacia la amnistía y la celebración de un referéndum.A las celebraciones se sumaron otros miembros del Govern –como el vicepresident, Jordi Puigneró, o la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà–, y desde la CUP reclamaron que España “sea condenada” por estos hechos.

Moncloa defiende su apuesta por el diálogo

El Gobierno central aseguró ayer que respeta la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha dado la razón a los cuatro exmiembros del Govern a los que se retiró el acta al ser procesados por el 1-O, y en todo caso se abrió a “mejorar” la legislación para equipararla “a los estándares de las más avanzadas”. Así se expresó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que subrayó que el Ejecutivo español “apuesta por el diálogo” y que “ya hace mucho tiempo que desterró la actitud de la confrontación que ejerció el PP”. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió que ha emprendido “el camino correcto” al apostar por el diálogo y los indultos como “la única salida” al conflicto.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, coincidió con el criterio de la ONU y consideró que su dictamen es resultado de la “judicialización” en relación con Catalunya que hubo con el Gobierno de Mariano Rajoy.