Borràs alude sin éxito al dictamen de la ONU de los presos para poder presidir el Parlament

La Mesa del Parlament reafirmó ayer la suspensión de Laura Borràs como presidenta de Cámara al no admitir a trámite las dos peticiones de reconsideración presentadas por Junts. Entre ellas, una en la que se esgrimía que el informe no vinculante de la ONU publicado el miércoles es también “aplicable” a la líder del partido. Este órgano dictaminó que España “violó los derechos políticos de los líderes independentistas” al suspenderles de sus funciones públicas antes de que fueran condenados en 2019.

La Mesa aprobó el 28 de julio –con los votos de PSC, ERC y la CUP– suspender a Borràs tras la apertura de juicio por delitos de prevaricación y falsedad documental, al fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes en virtud del artículo 25.4 del reglamento de la Cámara catalana (que decreta la suspensión de derechos y deberes parlamentarios cuando se abra juicio oral por corrupción). Pese al movimiento efectuado por la formación juntista, el desenlace fue el esperado: todos los representantes de los grupos en Mesa y Junta, a excepción de Junts, rechazaron admitir a trámite la reconsideración, al estimar que, en base al reglamento, su suspensión no entra en los supuestos contemplados para ser reconsiderada por la Mesa. También se rechazó la petición de que los letrados del Parlament emitieran un informe jurídico sobre esa reconsideración.

Además, los miembros de la Mesa, entre ellos los de ERC, coincidieron en que no hay ninguna relación entre el dictamen de la ONU y el caso de Borràs.La reunión de la Mesa dejó una imagen simbólica: la de la vicepresidenta primera del Parlament, la republicana Alba Vergés –ahora presidenta en funciones–, ocupando el lugar reservado de la presidenta, lo que zanjó la incógnita de sí la silla que ocupaba Borràs iba a quedar vacía en esta primera reunión.Tras esta decisión, la líder juntista acusó a la Mesa de recortar derechos y generar “indefensión”. Junts consideró que la Cámara catalana ha actuado de manera “política y partidista” y que se han vulnerado los derechos políticos de Borràs, insistiendo que “entre el caso de los presos y el de Borràs no existe ninguna diferencia”. Por su parte, el secretario general del partido, Jordi Turull, afirmó que su suspensión como presidenta de la Cámara catalana “dificulta” la estabilidad del Govern.

En este sentido, condicionó su continuidad en el Executiu al cumplimiento de la estrategia independentista del acuerdo de coalición. Junts dio a Esquerra Republicana hasta finales de este mes para “reconducir” la situación.

ERC critica que se compare el caso Borràs con el de los reos del 1-O

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, avisó ayer a Junts de que vincular el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre vulneración de derechos de los expresos del 1-O cuando eran diputados con la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament hace un “flaco favor” al independentismo.

Para ella, Borràs ha sido suspendida como diputada de forma temporal en aplicación de un reglamento de la Cámara, por lo que “no hay ninguna vulneración” de derechos. En esta línea se pronunció también la CUP.El líder del PSC, Salvador Illa, criticó el vacío en la Presidencia del Parlament mientras Laura Borràs está suspendida. “Nos preocupa mucho que el conflicto crónico de la Generalitat se exporte al Parlament”, aseveró.

Mientras, los comuns pidieron a ERC y Junts “que reaccionen” para que haya un nuevo presidente del Parlament en plenas funciones antes del Debate de Política General. Por su parte Cs, PP y Vox pidieron una vez más la dimisión de Borràs y de la Mesa del Parlament para escoger a la nueva presidencia de la Cámara.