Justicia reformará la ley para que los vecinos de un piso ocupado puedan instar el desalojo si altera la convivencia

El Departamento de Justicia ha anunciado este miércoles que reformará la ley para que los vecinos de un piso ocupado puedan instar el desalojo judicial si en este hay actividad delincuencial o si sus ocupantes alteran la convivencia del edificio, siempre que la vivienda sea propiedad de un gran tenedor. La comunidad tendrá que pedir primero al propietario del inmueble que lo haga, y si en el plazo de un mes no lo ha hecho, los vecinos estarán legitimados a pedir al juez el desalojo. Esta facultad también la tendrán los ayuntamientos. También se modificará la Ley de la Vivienda para poder multar a los grandes tenedores que no actúen enfrente de sus pisos ocupados conflictivos y se les podrá obligar a ceder la vivienda a uso social.

A través de una rueda de prensa celebrada en el distrito administrativo de la Generalitat, las conselleries de Justicia y Derechos Sociales han anunciado un paquete de reformas legislativas para luchar contra el fenómeno de la ocupación ilegal y delincuencial. Lo que quieren solucionar son las situaciones en qué una comunidad de vecinos o un ayuntamiento quieren actuar contra un piso ocupado en lo que hay delincuencia y que genera mala convivencia, pero el propietario, el único a quien la ley permite hasta ahora pedir el desahucio, se ha desentendido.

Para enmendarlo, Justicia reformará la ley, el Código Civil catalán, para permitir que los vecinos y el ayuntamiento puedan pedir en estos casos el desalojo al juez aunque el propietario se mantenga pasivo. El proceso será el siguiente: cuando una comunidad de propietarios detecte que un inmueble ocupado ilegalmente genera problemas de convivencia o se cometen delitos, tendrá que pedir al propietario que inicie la acción judicial de desocupación de la finca. Si en el plazo de un mes esta acción no ha sido presentada a ningún tribunal competente, los vecinos quedarán inmediatamente habilitados para poner en el juzgado una demanda de desalojo Esta facultad también la tendrán los ayuntamientos, que tendrán que seguir el mismo procedimiento.

Cuando los vecinos hayan puesto la demanda, esta se tramitará como cualquier otra demanda de desahucio. Según Ciuró, actualmente el plazo medio de ejecución de un desahucio es de ocho meses desde que se interpone la demanda judicial. También estará en el trámite judicial cuando el juez decida si la actividad denunciada por los vecinos merece el calificativo de actividad delincuencial o de perturbadora de la convivencia y, por lo tanto, si autoriza el desalojo. Para decidirlo tomará en consideración las pruebas, testimonios y documentos que los vecinos o el ayuntamiento hayan presentado, como en cualquier juicio de desahucio. Según Ciuró, esta reforma llega como respuesta a las quejas de muchos ayuntamientos, alcaldes y vecinos, que han trasladado al departamento, en numerosas ocasiones “un sentimiento de impotencia” al no tener herramientas para desalojar ocupas que dificultan la convivencia.

Sólo cuando los pisos pertenezcan a grandes tenedores

Esta posibilidad sólo se dará, sin embargo, cuando los pisos ocupados que provocan problemas pertenezcan a grandes tenedores como bancos, inmobiliarias o fondo buitre. Según Justicia, no se podrá pedir en el caso de propietarios convencionales porque estos ya tienden a resolver este tipo de problemas cuando son avisados por los vecinos. “El objetivo es que los vecinos y los ayuntamientos tengan un instrumento para restituir la convivencia cuando el propietario no hace nada”, ha detallado Garbanzo, que ha precisado que tampoco entran en esta modificación legislativa los pisos ocupados que no sean motivo de conflicto. “Queremos solucionar un problema de convivencia. No iremos más allá”, ha dicho. A día de hoy, la reforma se está redactando a la comisión de codificación del Departamento de Justicia y, con respecto al calendario, la intención de la conselleria es que el Parlament lo apruebe el más bien posible. Aunque no quieren hablar de fechas esperan que la modificación entre en vigor dentro de siete u ocho meses.

Actualmente, en Cataluña no hay una cifra oficial concreta de pisos ocupados. Derechos Sociales tiene cifras sobre ocupación en el parque de haitatge público del territorio: de los 21.000 pisos totales, 953 están ocupados (un 4%). Y de estos, en unos 240, uno de cada cuatro, se realiza algún tipo de actividad delincuencial, generalmente relacionado con el tráfico de drogas. Y Justicia ha recordado que el año pasado se recibieron 7.300 denuncias por ocupación a los juzgados catalanes.

Multas a los grandes tenedores pasivos

En la otra cara de la moneda, otra medida de la lucha contra la ocupación delincuencial que el Govern impulsará será multar a los grandes tenedores que quedan pasivos con respecto a los problemas que generan los ocupas en los pisos de los que son propietarios. “No hacen nada porque los problemas que suponen para|por los vecinos no los interpelan. De hecho, muchos ocupas escogen pisos de estos propietarios porque saben que no hacen nunca nada para expulsarlos”, ha dicho Ciuró.

Para combatirlo, Derechos Sociales llevará al Parlament la modificación de la Ley de la Vivienda para sancionar a estos grandes propietarios. La idea es reformar el artículo 41 de la ley, lo que regula el régimen sancionador, para añadir como conducta sancionable la pasividad en estos casos de situaciones de ocupación delincuencial o de perturbación de la convivencia. El importe de la multa irá desde los 9.000 euros hasta los 90.000.

Además, también se incluirá como sanción la obligación al gran tenedor de ceder los pisos ocupados que generen alarma social a la administración pública para utilizarlos como viviendas de uso social. Desde Derechos Sociales esperan que esta reforma legislativa se haga con un calendario similar a la del Código Civil impulsada por Justicia. “La idea es dar un toque de atención a los grandes tenedores, que no estando siendo parte de la solución, sino que siguen siendo parte del problema”, ha dicho la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, que ha especificado que estos pisos serían cedidos a la administración pública competente en vivienda del territorio donde estén situados.