Hacienda prepara un impuesto para grandes fortunas, temporal y a partir del 1 de enero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó ayer que trabaja en un nuevo gravamen temporal para las grandes fortunas que empezaría a aplicarse el 1 de enero de 2023 y que solo afectaría a “personas millonarias”. Esta propuesta, en la que Hacienda lleva trabajando “semanas”, se ha conocido en un momento en que el impuesto de patrimonio ha ganado protagonismo después de que el gobierno andaluz decidiera suprimirlo en su territorio, como ya hace Madrid, y el de Murcia haya anunciado que estudiará esta posibilidad. Este nuevo impuesto chocó con la oposición frontal de PP, Ciudadanos, Vox y la CEOE, pero recibió el apoyo de los socios habituales del Gobierno, que pidieron ir más allá e imponerlo indefinidamente (ver desglose).

Montero justificó el estudio de este nuevo gravamen en la necesidad de que las rentas altas contribuyan en mayor medida a sufragar las medidas para paliar los efectos de la inflación, en línea con los impuestos para banca y energéticas. De hecho, el impuesto para las grandes fortunas se basará en “un esquema similar” al de estos dos gravámenes, en el sentido de que tendrá carácter temporal, posiblemente con dos años de vigencia, aunque dependerá de la duración de la guerra en Ucrania.La intención de la ministra es empezar a aplicarlo “lo antes posible”, a ser posible el 1 de enero de 2023, y solo afectará a “personas millonarias”, un umbral que no ha detallado, pero que en cualquier caso estará por debajo del 1 % de la población. Las grandes fortunas ya están sujetas al impuesto de patrimonio, un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas, que grava los patrimonios por encima de los 700.000 euros excluidos 300.000 euros de vivienda habitual, y que recauda 1.200 millones de euros al año

Montero justifica que las rentas altas deben contribuir más a sufragar el coste de la crisis

Sin embargo, no todos los patrimonios tributan: Madrid, por ejemplo, tiene bonificado el impuesto al 100 % y nadie en la región lo paga, lo que ha provocado que algunas grandes fortunas se hayan instalado en la comunidad.

Andalucía acaba también de subirse al carro y ha invitado a los empresarios catalanes a trasladarse. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, enmarcó el nuevo tributo en la negociación presupuestaria entre los socios de Gobierno y defendió que la propuesta parte de Podemos, que ya registró una iniciativa en ese sentido–gravar las fortunas a partir de 10 millones– y que fue rechazada por el PSOE. El Gobierno de Murcia, en manos del PP, aprobó ayer una rebaja de los cuatro primeros tramos autonómicos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de un 4,1% y anunció su intención de seguir la estela de Madrid y Andalucía y bonificar en un 100% el impuesto de patrimonio.

La decisión de estas tres comunidades autónomas fue duramente criticada desde el Gobierno central. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afeó a los gobierno autonómicos del Partido Popular que estén compitiendo entre ellos para eliminar los impuestos a los ricos, al tiempo que solicitan más fondos al Estado o incluso más recursos europeos. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó a los gobiernos ‘ de Andalucía y Murcia de beneficiar únicamente a Madrid por las rebajas fiscales que han anunciado en sus territorios.

El Congreso de los Diputados avaló ayer la suspensión de los objetivos de déficit para 2023, considerado el paso previo para la elaboración de los Presupuestos del próximo año que el Gobierno central pretende presentar “en tiempo y forma”. La propuesta del Ejecutivo de dejar en suspenso por tercer año consecutivo las reglas fiscales ante las excepcionales circunstancias derivadas de la guerra en Ucrania recibió el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Ciudadanos, entre otros, a los que se sumó la abstención del PP. Así, la apreciación fue aprobada por 195 votos a favor, 53 en contra y 95 abstenciones.

De esta manera, los objetivos de déficit para el próximo año dejan de ser vinculantes y se convierten en meras referencias, tanto para el conjunto de la administración (3,9% del PIB, 1,1 puntos menos que en 2022) como para los subsectores. Junto a la suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno aprobó un techo de gasto récord de 198.221 millones de euros, un 1,1% más que el año pasado, con el que espera consolidar el crecimiento económico, la creación de empleo, el esfuerzo inversor y la protección ante la inflación. El Ejecutivo abrió también la puerta a prorrogar más allá de fin de año algunas de las medidas para paliar la inflación, como la bonificación a los carburantes.

Los socios del Gobierno reclaman que sea permanente

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, celebró como “una buena noticia” la posibilidad del nuevo impuesto a las grandes fortunas, que enlazó con la propuesta lanzada por su partido, aunque reclamó que esta no tenga un carácter temporal, sinó que sea permanente. También ERC mostró su apoyo al impuesto, aunque pidió que no se invadan competencias autonómicas y demandó también que tenga un carácter permanente. Mientras, Más País celebró que el Ejecutivo tome medidas para combatir la espiral fiscal a la baja del Partido Popular.

En este sentido se pronunciaron también otras formaciones como EH Bildu. Por el contrario, desde el Partido Popular y el bloque de la derecha se rechazó la medida porque, según ellos, España no tiene un problema de recaudación y el nuevo tributo no atajará la inflación. Asimismo criticaron que la medida que estudia el Gobierno, de la que no se conocen todavía los detalles, ataca competencias autonómicas.