La Fiscalía afirma que la “desjudicialización” que promete el PSOE a ERC es “un bulo”

El juicio contra la Mesa del Parlament que presidió Roger Torrent por presunta desobediencia se inició ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pese a la petición de Fiscalía y defensa para que se aplazara por la recusación de un magistrado, con el planteamiento de las cuestiones previas. El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio señaló que corre el “falso rumor” de que el juicio forma parte de las negociaciones entre gobiernos en el marco de la mesa de diálogo para “desjudicializar” la política y archivar algunos procedimientos judiciales que afectan a políticos y activistas independentistas. “Estoy seguro de que es un bulo y que esta sala no se verá afectada”, aseveró.

El Ministerio Público, además, consideró que las defensas mostraron que tienen una “intención clara” de retrasar el juicio, aunque su compañera de la fiscalía había pedido suspender la vista hasta que se resolviera el recurso que presentó contra la recusación del magistrado Carlos Ramos, apartado del caso. El exvicepresident del Parlament, Josep Costa, fue el abogado más duro, defendiéndose a sí mismo, acusando al tribunal de no tener “ni jurisdicción ni competencia” para seguir adelante con el juicio, que cree que es un “ejercicio de poder por la vía de los hechos”. Costa pidió la “nulidad del procedimiento”, recordando que la recusación de algunos magistrados y del propio presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ya evidencia la “falta de imparcialidad”.

Por su parte, la defensa de Torrent incidió sobre todo en que el proceso judicial vulnera el principio de inviolabilidad parlamentaria y la separación de poderes. Así, recordó que el debate sobre la monarquía y la independencia de Catalunya son de interés público y que antes del procés los tribunales habían aceptado que la libertad de expresión de los parlamentarios estuviera protegida.El juicio continuará hoy con los testigos de los juristas y letrados de la Cámara. Antes, sin embargo, los magistrados tendrán que anunciar si aceptan al final suspender el juicio o no.

Juzgados por permitir hablar de la autodeterminación y el rey

Dirigentes de Junts, ERC y la CUP se concentraron ayer frente al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para apoyar al conseller de Empresa, Roger Torrent, y los miembros de la mesa del Parlament que presidió la pasada legislatura antes del inicio del juicio por desobediencia. Todos ellos están acusados de desoír las advertencias del Tribunal Constitucional que impedían tramitar dos resoluciones a favor de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía. A su llegada, el conseller de Empresa afirmó que el juicio es un “absoluto despropósito” y que “solo faltaría” que en un parlamento “no se pudiera debatir lo que quieren los ciudadanos”.Torrent incidió en que el conflicto “solo se resolverá políticamente”, y no en los tribunales, y que seguirá “reivindicando los derechos democráticos del movimiento político que representamos”, y también las “instituciones del país”.

Torrent, así como el exvicepresident del Parlament Josep Costa, y los exvocales Eusebi Campdepadrós, actual secretario por la Administración de Justicia, y Adriana Delgado, alcaldesa de Sant Vicenç de Castellet, se enfrentan a una petición de 20 meses de inhabilitación. La vicepresidenta primera del Parlament en funciones de presidenta, Alba Vergés, abrió el pleno de la Cámara expresando su rechazo al juicio y lamentantó que los cuatro están siendo juzgados “por haber permitido el libre debate parlamentario en este hemiciclo”, algo que ve un ataque a los derechos de los diputados.Asimismo, entidades independentistas criticaron este ataque a la libertad de expresión. El presidente de Òmnium, Xavier Antich, aseguró que es “un juicio político que busca criminalizar el derecho de autodeterminación”.