Costa planta el juicio a la Mesa tras descartar el TSJC la anulación

El exvicepresidente del Parlament Josep Costa abandonó ayer la sala del juicio a parte de la Mesa que presidió el conseller Roger Torrent después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no aceptara su petición de anularlo. El miércoles, en el trámite de cuestiones previas, Costa había pedido declarar la nulidad de las actuaciones, pero ayer los magistrados anunciaron su rechazo. Tras oír la resolución, Costa, que se defiende a sí mismo, anunció que renunciaba a presentar pruebas y a declarar, y que no seguiría presente en el juicio ni como acusado ni como abogado.

Esto obligó a pausar la vista, ya que, tal y como recordó el presidente del tribunal, Carlos Mir, “el juicio puede continuar sin un acusado pero no sin su abogado”. Finalmente, y después de que Costa rechazara la posibilidad de que otro letrado asumiera la causa o de que se le asignara uno de oficio, la Sala decidió continuar con el juicio. “Se le ha dado la posibilidad de defenderse.

No lo ha hecho, pero le hemos dado la posibilidad de defenderse”, afirmó Mir.Tras el plante, la Fiscalía acusó a Costa de tratar de dilatar el procedimiento desde el inicio y pidió multarlo por desacato. Asimismo, pese a que no se opuso a que el juicio continuara, añadió que, a su parecer, el exvicepresidente pedirá la nulidad del juicio por indefensión y este deberá repetirse.Durante la sesión de ayer también comparecieron como testigos los exletrados del Parlament Xavier Muro, Antonio Bayona y Joan Ridao, que afirmaron que las dos resoluciones aprobadas en 2019 por la Mesa contra la monarquía y a favor de la autodeterminación no estaba claro que incumplieran las prohibiciones del Tribunal Constitucional. Asimismo, explicaron que la jurisprudencia del propio Constitucional había cambiado desde 2014, y que esto complicaba el trabajo de los letrados porque les hacía entrar en el análisis del contenido de las resoluciones.En la misma calidad declararon los otros miembros de la antigua Mesa, que aseguraron que intentaron paralizar todas las iniciativas que iban contra el requerimiento del Constitucional para evitar responsabilidades penales, pero se admitían por la mayoría independentista.