Reguant evita la inhabilitación y el Supremo la condena a una multa

El Tribunal Supremo ha condenado a la portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, a una multa de 13.500 euros por un delito de por desobediencia grave a la autoridad al negarse a contestar a las preguntas de la acusación popular de Vox durante el juicio del procés, donde compareció como testigo en febrero de 2019. Así, los magistrados han desestimado condenar a Reguant a cuatro meses de prisión e inhabilitación, como pedía la Fiscalía, al considerar que no hay razones para optar por la pena más grave prevista legalmente en este caso, especialmente por las consecuencias que tendría en su condición de diputada. A juicio del tribunal, esto superaría el principio de proporcionalidad de la pena.

En la sentencia, el Supremo concluye que la negativa de la dirigente cupaire a cumplir el mandato del tribunal del procés fue “evidente, inequívoca, clara y patente” y que su actitud “traspasó claramente los límites de su libertad ideológica y de conciencia”. Los magistrados consideran que la diputada del Parlament no estaba ante un “ejercicio lícito de la libertad de expresión, claramente limitado en este caso para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”. Y han recordado, además, que es obligación de los testigos acatar las “órdenes legítimas dadas por los tribunales”.

Reguant, que había solicitado su absolución, explicó en el juicio que no quiso contestar a las preguntas de Vox porque hubiese sido “legitimar a los que van en contra de las políticas de género”, lo que dijo iba contra sus principios.

Torrent: “La Mesa no puede censurar debates”El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dejó ayer visto para sentencia el juicio por presunta desobediencia a los miembros independentistas de la Mesa del Parlament que presidió el ahora conseller Roger Torrent.En su derecho al último turno de palabra, el conseller, que por coherencia con el principio de “inviolabilidad parlamentaria” se acogió a su derecho a contestar solo a las preguntas de su abogado, defendió que el Tribunal Constitucional “no puede prohibir un debate parlamentario entendido como expresión del interés público” ni la Mesa “ejercer censura” sobre las resoluciones, “y menos cuando son opiniones políticas”. El expresidente del Parlament afronta una pena de 20 meses de cárcel por desobediencia al permitir la tramitación de dos resoluciones independentistas y de reprobación de la monarquía que el Constitucional había vetado.

A esta misma condena se enfrentan también los exmiembros de la Mesa Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. Costa, que ejercía su propia defensa, plantó el jueves el juicio tras desestimarse su petición de anularlo.Por su parte, la Fiscalía, usó su último turno de palabra para reprochar a los acusados “adornar jurídicamente su desobediencia” para defenderse en el juicio.