SEGRE

TRIBUNALES 1-O

Cuatro meses de prisión para Baños por no contestar a Vox

Durante el juicio del 'procés', aunque la sentencia no es firme || Eulàlia Reguant, juzgada por los mismos hechos, fue multada

El activista Adam Camón denunció ayer el espionaje que sufrió.

El activista Adam Camón denunció ayer el espionaje que sufrió.M. ENRIQUE

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El Juzgado Penal número 30 de Madrid condenó ayer al exdiputado de la CUP Antonio Baños a cuatro meses de prisión por no responder a las preguntas de Vox en el juicio del procés. El fallo sostiene que Baños compareció en calidad de testigo a propuesta de la acusación popular y que, tras prestar juramento de decir la verdad, se negó a cumplir la orden del tribunal para contestar las preguntas. La magistrada lo considera responsable de un delito de desobediencia, por el cual Baños también tendrá que asumir el coste del procedimiento.

Sin embargo, la sentencia no es firme y se puede recurrir. Al tratarse de una pena inferior a los dos años de prisión, Baños no tendrá que ingresar en prisión. En el juicio por estos hechos, el cupaire se negó a declarar en castellano ante la juez tras no permitirle esta hacerlo en catalán.

Ese día, Fiscalía rebajó su petición de seis a cuatro meses de prisión e inhabilitación.Se trata de una pena más grave que la impuesta a la cupaire Eulàlia Reguant, que fue multada por el Tribunal Supremo por los mismos hechos, pero sin pena de prisión. A diferencia de Baños, Reguant fue juzgada en el Supremo por su condición de aforada.

Dos independentistas leridanos, entre los 38 espiados por Interior? Dos de los 38 activistas independentistas a los que el ministerio del Interior pinchó el teléfono entre 2017 y 2019 son leridanos.

Se trata de un miembro de la izquierda independentista militante de la organización Endavant, cuya identidad no ha trascendido, y de un miembro de la plataforma Llibertat Pablo Hásel, Adam Camón, al que Interior siguió por su presunta relación con los CDR. Camón denunció ayer frente a la sede del PSC en Lleida la “vulneración de los derechos fundamentales” de los espiados. Lo hizo junto a la abogada Mercè Jordana, que dijo que las intervenciones telefónicas, que La Directa destapó el lunes, “se acordaron bajo el pretexto de terrorismo”, si bien “lo que se pretendía era fabricar un expediente judicial”.

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