El Defensor del Pueblo acusa a Interior de hacer deportaciones ilegales

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, concluyó ayer que el Estado español vulneró la ley al intentar frenar la entrada de cientos de migrantes en Melilla que se produjo el 24 de junio y que provocó la muerte de al menos 23 personas. Aunque todavía no ha dado por finalizada la investigación, denunció que 470 migrantes fueron rechazados en la frontera sin contemplar las previsiones legales estatales e internacionales. Gabilondo, que ha pedido más imágenes del perímetro fronterizo en Melilla al ministerio del Interior, apuntó que la situación en la zona era de “riesgo previsible”.

Desde Interior aseguran que “todos los rechazos en frontera” que se produjeron el 24 de junio se hicieron “dentro de la más estricta legalidad”.