PANORAMA
Los sueldos de hasta 32.500 € tendrán menos retención
Por la rebaja de IRPF planteada por Moncloa para ayudar a rentas bajas y medias || El PP pide retirar los presupuestos por “irreales”
Los contribuyentes que ganen menos de 35.200 euros anuales verán cómo en 2023 las retenciones del IRPF en sus nóminas se reducirán. Esta medida, planteada por el Gobierno central, es fruto de un ajuste técnico derivado de la rebaja del impuesto que Moncloa anunció a principios de mes para las rentas de hasta 21.000 euros anuales y de la elevación de 14.000 a 15.000 euros del salario bruto anual a partir del cual se paga por dicho impuesto. Así figura en el borrador de reforma del reglamento del IRPF, en fase de información pública, en el que se fija el umbral de renta de 35.200 euros al que se extiende la reducción de la retención a partir de 2023, cuando entrará en vigor la rebaja del IRPF avanzada por Moncloa.Del texto del borrador se desprende que la decisión de impulsar una rebaja del IRPF para aquellos asalariados que cobren hasta 21.000 euros supondrá en realidad un alivio provisional en la nómina de todos los trabajadores que perciban hasta 35.200 euros.
En este caso, la cuota de retención tendrá como límite máximo el resultado de aplicar el porcentaje del 43% a la diferencia positiva entre el importe de la cuantía total de retribución y el que corresponda, según su situación, de los mínimos excluidos de retención.No obstante, los contribuyentes con unos ingresos de entre 21.000 euros y 35.200 euros a los que en 2024 les salga a pagar, pagarán algo más, y a quienes les salga a devolver, recibirán algo menos, al haber disfrutado en 2023 de una retención menor.Por otra parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, reclamó ayer la retirada del proyecto de presupuestos del Estado de 2023 que se tramitan en el Congreso y los tildó de “irreales y electoralistas”. También auguró que conllevarán más déficit y deuda. El portavoz de Podemos en la Cámara, Pablo Echenique, dijo que las demandas que plantea ERC para negociar las cuentas –entre ellas la reforma del delito de sedición– son asumibles para el Ejecutivo central.