Premià de Dalt recurre a la polémica firma Desokupa para desahucios

El ayuntamiento de Premià de Dalt, en el Maresme, desató ayer la polémica al conocerse que ha contratado a la empresa de desahucios exprés Desokupa, liderada por Daniel Esteve, para que le asesore frente a las ocupaciones “mafiosas”. El contrato, que es para un año, tendrá un coste para el consistorio, quegobiernan Junts y el PSC, en coalición de 3.000 euros netos sin IVA. El alcalde de esta localidad del Maresme, Josep Triadó (Junts), admitió que la empresa, que tiene vínculos con la ultraderecha y que ha sido denunciada en múltiples ocasiones por coaccionar a familias vulnerables, utiliza métodos “poco ortodoxos”, pero consideró que su asesoramiento irá bien para orientar las actuaciones que deberá realizar la Policía Local.

“El impacto será positivo para la seguridad del pueblo, aunque pueda llevarme algún palo mediático”, aseguró. En este sentido, Triadó defendió que las prácticas de Desokupa consisten en la “resolución amistosa” del conflicto para evitar iniciar un procedimiento judicial y que pese a que han recibido “muchas denuncias” por sus métodos, “nunca han sido condenados” por los desahucios en los que han participado. “Valoramos su experiencia, no su ideología”, aseveró el alcalde, que aclaró que el objetivo final es “combatir a los delincuentes que ocupan las viviendas para utilizarlas como un centro de operaciones para traficar con droga o cometer robos”.Diversas entidades sociales han denunciado que Desokupa recurre a amenazas, coacciones y violaciones del domicilio para acometer los desalojos.

Junts se desmarca de la decisión del alcalde

Junts se desmarcó ayer del alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, por la contratación de la empresa Desokupa para asesorar al ayuntamiento en caso de “ocupaciones mafiosas”. La presidenta del partido, Laura Borràs, señaló en un mensaje de Twitter que no comparte “estas contrataciones”. “El compromiso de Junts es combatir a las mafias de empleo ilegal, impulsando las reformas para acabar con estas prácticas ilícitas”, defendió.

A su juicio, estos cambios deben llegar desde el Parlament catalán.La Generalitat ya anunció una reforma de la ley que debe permitir a las comunidades de vecinos y a los ayuntamientos pedir el desalojo de un inmueble con una okupación conflictiva, siempre que altere gravemente la convivencia, genere alarma social o se lleven a cabo en él actividades ilícitas. En esta línea, alcaldes de diversos municipios de Barcelona como Sabadell, Rubí o Vilanova i la Geltrú, se han unido para pedir cambios legislativos a nivel estatal que permitan los desalojos exprés de las viviendas okupadas por delincuentes. En concreto, piden que se pueda desalojar a aquellas personas que generan molestias o inseguridad vecinal en un plazo máximo de 48 horas.

Hace unos días trasladaron esta propuesta a diferentes grupos políticos del Congreso de los Diputados.