CHINA POLÉMICA
Denuncian comisarías ilegales chinas en Catalunya
Según una ONG hay dos en Barcelona y una en Manresa || Para “convencer” a sospechosos a regresar a casa para ser juzgados
Una investigación de la ONG internacional de derechos humanos Safeguard Defenders, con sede en Madrid, concluye que el gobierno chino tendría desplegada una red con, al menos, 54 comisarías parapoliciales ilegales en al menos 30 países, mayoritariamente en Europa, y tres de ellas en Catalunya. Concretamente, dos en Barcelona y otra en Manresa. Dichas comisarías servirían para forzar a disidentes chinos residentes en el extranjero a regresar a Pekín, para que pasen a estar en manos del régimen.Según la ONG, las oficinas policiales locales de China tienen contacto con las distintas oficinas parapoliciales repartidas por el mundo.Peter Dahlin, máximo responsable de la organización, explicó a TV3 que el grueso de la información la han conseguido de páginas web públicas, en las que las propias oficinas policiales locales chinas publican detalles de estas oficinas parapoliciales internacionales.España, con un total de nueve centros ilegales, es el país del mundo donde la ONG ha detectado más.
Europa es, con diferencia, el continente en el que también habría más. También se han detectado en Nueva York, Toronto, Sao Paulo, Buenos Aires o Tokio.Las autoridades chinas han negado la existencia de estas oficinas parapoliciales y aseguran que poseen puntos de contacto destinados a ayudar a los ciudadanos chinos en tareas administrativas. Según varios medios, el gobierno de Xi Jinping ha diseñado diversas operaciones para lograr que chinos sospechosos de haber cometido delitos contra compatriotas en el extranjero o de tener causas pendientes con la justicia, regresen a China para ser procesadas.Según la prensa oficial del gigante asiático, solo entre abril de 2021 y el pasado mes de agosto, agentes chinos habrían logrado “persuadir” a 230.000 personas, sobre todo acusadas de llevar a cabo estafas telefónicas, de que vuelvan a China, resolviendo 594.000 fraudes e impidiendo la transferencia de unos 81 millones de euros procedentes de 109 millones de víctimas.