Sánchez anuncia la renovación del CGPJ y el PP lo descarta si modifica el delito de sedición

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, afirmó ayer que el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “está listo” y, tras pedir al PP desligar las negociaciones de la reforma del delito de sedición, instó a los populares a culminar los cambios en el órgano de gobierno de los jueces. “Una cosa es la agenda legislativa y otra es el cumplimiento estricto de la Constitución”, dijo, dirigiéndose al PP desde Sudáfrica. También recordó la “crisis institucional sin precedentes” en el seno del CGPJ, cuyo mandato lleva cuatro años caducado.

Sin embargo, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, anunció la suspensión de las negociaciones por el Poder Judicial por la voluntad del Gobierno español de reformar el delito de sedición. Trasladó a Sánchez que considera “una incongruencia” pactar “el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo”, en referencias a las formaciones independentistas.Feijóo, que instó a Sánchez a aclarar si “está dispuesto a proteger a la democracia o solo a sobrevivir”, aseguró que su formación endurecerá las penas por el delito de sedición y tipificará la convocatoria de referéndums ilegales en el Código Penal si llegan al poder.Por otra parte, fuentes del PP aseguraron que las afirmaciones de Sánchez “no se ajustan a la realidad” porque, “si bien es cierto que ha habido avances en las conversaciones, todavía no se ha llegado a un acuerdo” para renovar el CGPJ.También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que el Ejecutivo español está dispuesto a reformar el delito de sedición para homologarlo a la normativa europea. Tras anunciar por la mañana que el Gobierno llevaría al Congreso una reforma de varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, horas más tarde corregiría sus declaraciones y matizó que no llevarán el debate a la Cámara hasta que no exista una mayoría para poder aprobar la reforma.

Algo que, dijo, ahora “no ocurre”. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, replicó que sí hay los apoyos suficientes para llevar a cabo estos cambios. “Quién sepa contar sabe que es falso, que es mentira”, dijo, antes de sugerir al PSOE “que no hable tanto” en público sobre esta cuestión.También la vicepresidenta segunda del Gobierno central, Yolanda Díaz, mostró su apoyo a la reforma del delito de sedición, al entender que es “urgente” terminar con esa “anomalía democrática”.

Puigdemont: “El olvido nos ha dividido más que la represión del Estado”

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont llamó ayer al independentismo a trabajar con unidad para “desplegar” los efectos de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017, tras el 1-O, y lamentó que “el olvido deliberado de la declaración ha actuado con más eficacia que la represión del Estado en lo tocante a la desmovilización y la desconfianza”. En una declaración oficial que publicó en sus redes sociales, subrayó que, cinco años después, no ha habido ninguna decisión del Parlament o del Govern que “anule, que suspenda o que revoque la DUI”, y ha defendido que los líderes independentistas en el extranjero han trabajado para “preservar su legitimidad”. Además, sostuvo que la negociación “no tiene ningún recorrido, ni siquiera en la mejora del autogobierno”, puesto que a su juicio es una estrategia que se ha intentado durante décadas y solo ha traído frustración.Por otra parte, la Eurocámara pidió ayer a la Junta Electoral Central que aclare si Puigdemont y los exconsellers exiliados Toni Comín, Clara Ponsatí y Jordi Solé son o no eurodiputados.

El organismo arbitral tiene previsto recordar que no puede acreditarles sin acatar la Constitución.

El Govern confía en llegar este año a un acuerdo por la desjudicialización

La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, pidió ayer intensificar las conversaciones entre el Govern y Moncloa para llegar a un acuerdo para desjudicializar el conflicto político en Catalunya antes de que termine el año, tal y como se acordó en la mesa de diálogo de julio entre ambas administraciones. “Tiene que haber como mínimo una reunión antes de que termine el año, tal y como los comprometimos”, dijo ayer en una entrevista a Público.

Sobre la reforma del Código Penal, sostuvo que “el Gobierno español ya sabe lo que tiene que hacer”, y consideró que “no tiene sentido que un estado tenga un delito como el de sedición”.