TRIBUNALES CORRUPCIÓN
Fiscalía pide hasta 21 años de cárcel para una treintena de acusados por el “caso del 3%”
Reclama además una multa de 3 millones de euros a PDeCAT como sucesor de Convergència || Por un presunto entramado de financiación ilegal del partido en el período liderado por Artur Mas
![Germà Gordó saliendo del Superior de Justicia de Catalunya tras declarar por el caso del 3% en 2017.](https://imagenes.segre.com/files/image_media_main_mobile/uploads/2023/09/09/64fc809e493fd.jpeg)
Germà Gordó saliendo del Superior de Justicia de Catalunya tras declarar por el caso del 3% en 2017.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de hasta 21 años de prisión para los acusados y una multa de tres millones de euros para el PdeCAT por la “estrategia para el financiamiento ilícito” que se habría llevado a cabo “sistemáticamente” a lo largo de los años en su predecesora política, la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC), en el marco del conocido como “caso del 3%”. En su escrito, el fiscal José Grinda acusa a 30 personas físicas y a 14 personas jurídicas, además de a sendas formaciones políticas, solicitando una condena de 21 años y 4 meses de cárcel para el extesorero de CDC Andreu Viloca y de 18 años y 10 meses para el también responsable de las cuentas de la formación el leridano Germà Gordó, que fue asimismo conseller de Justicia del Govern. Anticorrupción pide imponer la multa de 3 millones al PDeCAT al considerar que, “lejos” de ser “un nuevo partido independiente” de CDC, su nacimiento se entiende como “la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, CDC”.El Ministerio Público detalla que en el período de 2008 a 2015 “altos cargos de Convergència Democràtica, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Catalunya, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta”.
La Fiscalía calcula que los ingresos que CDC recibió de sus fundaciones mediante esta operativa “significaron una fuente de financiación del partido que supuso, en el período comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012, una media del 11,5% de la financiación privada del partido y de un 7,7% en la financiación total” de la formación.“Se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios, por otro lado, de transformación de ese dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito”, explica el fiscal, que asegura que “los empresarios acusados se concertaron con los cargos de Convergència Democràtica de Catalunya para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas al partido”.
Anticorrupción sitúa a Gordó en lo alto de la pirámide corrupta
La Fiscalía entiende que los hechos descritos suponen delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. Sitúa en el máximo escalafón de esta a Germà Gordó y a Andreu Viloca.
Para los empresarios imputados, la Fiscalía solicita penas que oscilan entre los 11 años de prisión o condenas sustituibles por multa y trabajos en beneficio de la comunidad. Entre las empresas se encuentran importantes firmas ligadas al sector dela construcción, como Teyco, Urbaser, Copisa o la leridana Benito Arnó, así como su director general, Joan Albert Arqués. El abogado de la firma y del directivo leridanos niega cualquier irregularidad.
Entre los acusados también se encuentra el leridano Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat de 2011 a 2016, y Jordi Sumarroca.