La Audiencia Nacional envía a juicio a Germà Gordó y otros cargos de CDC, el PDeCAT y varios empresarios por el caso 3%

La Audiencia Nacional ha enviado este martes a juicio al PDeCat, CDC, el exconseller Germà Gordó y los extesoreros convergentes Daniel Osácar y Andreu Viloca en el llamado caso del 3%. En su resolución, el magistrado titular del juzgado central de instrucción número 5, Santiago Pedraz, acuerda la apertura de juicio oral con respecto a un total de 30 personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de diferentes administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y de 16 personas jurídicas. La fiscalía pide penas de hasta además de 21 años de prisión por organización criminal, fraude, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, soborno, prevaricación y blanqueo de capitales.

El magistrado declara la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento de estos hechos y da un plazo de tres meses a las representaciones de los encausados para presentar sus escritos de defensa. El auto de apertura de juicio oral recoge los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallès. El ministerio público considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, soborno, prevaricación y blanqueo de capitales. Pedraz ha decretado el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero.

La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta además de 21 años de prisión para una treintena de miembros de la trama de financiación irregular de CDC conocida como 'caso 3%'. Además, reclama al PDeCat y a CDC 3 millones de euros de multa por blanqueo de capitales. De las 30 personas investigadas en la causa, una decena han conseguido sustanciales reducciones de la petición de pena por su colaboración en la investigación. En total, Anticorrupción acusa a 30 personas entre políticos y empresarios, así como 16 personas jurídicas, entre las cuales hay CDC y PDeCat, de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, soborno, prevaricación y blanqueo de capitales.

El ministerio público reclama a los 30 acusados, entre los cuales 13 personas vinculadas a CDC y sus fundaciones y 17 empresarios, y en las empresas adjudicatarias que financiaron irregularmente a CDC que indemnicen las administraciones afectadas por el supuesto sobrecoste de las obras y servicios contratados, además de unos 27.000 euros de decomiso y multas que en total superan los 100 millones de euros. Entre las 14 empresas acusadas hay Teyco, Urbaser, Fundación ACS, COPISA, Oproler. También pide importantes penas de inhabilitación para cargo público para la mayoría de acusados y multas para buena parte de ellos.

En su escrito de acusación, el fiscal anticorrupción José Grinda sitúa en un esquema a Germà Gordó, entonces secretario de Govern de la Generalitat, como la persona que dirigía como entraban el dinero y hacia donde tenían que ir dirigidas las adjudicaciones, a través de un “control y seguimiento” de las obras públicas. Por eso reclama para él la pena de 18 años y 10 meses de prisión y una multa de 4,6 millones de euros. Según la fiscalía, Gordó fue durante unos cuantos años el contacto de los contratistas de la Generalitat con CDC. "Este contacto, además de haberse realizado al margen de las vías legales y de la función que le correspondía dentro del gobierno catalán, estuvo dirigido al beneficio de los contratistas mencionados y al del partido político a que pertenecía, objetivos ambos opuestos en el bien público", sostiene.

Lo sigue Francesc Sánchez, como secretario económico de CDC, quien también habría gestionado estas partidas desde el 2011. Su reconocimiento de los hechos y su colaboración en la causa le ha permitido que aunque se le acusa de cinco delitos, el fiscal sólo pide para él un año de prisión y el resto sustituido en trabajos para la comunidad.

Los siguientes en la pirámide serían los tesoreros, Andreu Viloca y Daniel Osàcar, que gestionarían --según el escrito-- cómo se tenían que hacer las donaciones. El primero se enfrentará a una pena de 21 años y cuatro meses, mientras que para Osàcar, ya condenado pel 'caso Palau', se limitará a trabajos en beneficio de la comunidad, gracias a su colaboración en el esclarecimiento de los hechos investigados. Para el fiscal, Viloca se ocupaba fundamentalmente de hacer la “triangulación” con autoridades y con empresarios, y de los pagos a las fundaciones. "Siendo administrador y tesorero de CDC y de la fundación CatDem, llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por diferentes administraciones bajo la esfera de poder" de la formación. Además, según el escrito del fiscal, Viloca "controlaba, en una primera instancia, de forma sistemática los pagos encubiertos que recibe finalmente CDC, verdaderos pagos ilícitos bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas".

Los extesoreros habrían fijado el sistema establecido, dirigido a que el dinero se ingresara en fundaciones afines al partido, como CatDem y Forum Barcelona, desde donde se recuperaría el dinero. Desde el 2008 hasta el 2015, la fiscalía calcula que 1,8 millones de euros que llegaron desde adjudicatarios al partido como forma de “canon” exigido si querían entrar a la rueda de los contratos públicos. El importe total de las 31 adjudicaciones manipuladas sumaría 168 millones de euros.

En aquellas fechas, el presidente de la formación era Artur Mas, aunque todos los acusados, en sus respectivas declaraciones judiciales, lo exculparon.

Entre las 31 adjudicaciones sospechosas hay la de basura y limpieza de Olot, el mantenimiento de escuelas en Barcelona, la nueva estación del AVE en Gerona, uno hacia Mataró y uno en Prats de Lluçanès, un instituto en Manresa, la ampliación de FGC en Sabadell, una carretera local de Ullastrell en Abrera y otra de Martorell en Sant Llorenç d'Hortons, la C-55 en Manresa, un centro cívico en Sant Fruitós de Bages, escuelas en Vila-seca, Sabadell, el Vendrell y Sant Hipòlit de Voltregà, un parque en Lloret de Mar, una piscina en Figueres, un centro de formación en Sant Celoni, pisos de protección oficial en Sant Cugat del Vallès, el servicio de mantenimiento del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, la rehabilitación de un pabellón del recinto histórico del hospital de Sant Pau de Barcelona, la urbanización de una calle en Sabadell, el alumbrado de Tona, el dique Este y los accesos sur del Puerto de Barcelona, carriles bici de la capital catalana, el Paralelo y la plaza de las Glorias de Barcelona, y el campus universitario Diagonal-Besòs de Barcelona,

"Los acusados se ocupaban de implementar la estrategia acordada por los líderes del partido, supervisar la gestión y distribuir los fondos ilícitos obtenidos. Lo hacían mediante un patrón de funcionamiento planificado para financiar ilícitamente al partido político mediante la venta de influencias en la adjudicación de contratos públicos", añade. Según el fiscal, todos ellos habrían desarrollado estas acciones dirigidas a una sola finalidad: subvertir las reglas de competencia del mercado y utilizar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil, en el caso de los empresarios, económico y político, en el caso de los dirigentes de CDC, consiguiendo una "financiación ilegal" para el partido.

Eso comporta un "grave descrédito a la administración pública y un perjuicio en el mismo erario", recoge el escrito. El patrón de actuación se repitió durante años, siempre según la fiscalía. Los responsables de CDC mantenían el control de las obras que se adjudicarían en diferentes administraciones, ya fuera a nivel catalán o local. Después se localizaban posibles adjudicatarios, con los cuales se mantenían contactos, igual que también se ponían de acuerdo con los responsables de empresas públicas, como Josep Antoni Rosell --para quien pide 10 años de prisión--, Antoni Vives --que se enfrenta a seis años de prisión-, y Sixte Cambra --para quien pide cuatro años y medio--, entre otros. A partir de aquí se exigían las donaciones a través de alguna de sus fundaciones vinculadas. Todo este modus operandi estaba detallado minuciosamente en la agenda de Viloca, que se intervino durante el registro en su despacho en el 2015 a raíz del inicio de la investigación.

Según el escrito, en algunos de los casos, los dirigentes de estas administraciones, de acuerdo con los responsables de CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraban efectivamente concursos públicos con la finalidad de dirigirlos hacia las empresas de los acusados conniventes. "Se instauró también un sistema de adjudicación de caucho, que permitía un grado formal de discrecionalidad que, en realidad, encubría la arbitrariedad", dice el escrito. De esta variedad resulta “paradigmático” el caso de GISA o Infraestructuras.Cat. En otros casos, ni siquiera fue necesario hacer alteraciones dado que el resultado preestablecido era “asumido” por las empresas licitadoras no adjudicatarias.

En el caso de las donaciones, se entregaban como porcentaje de la obra adjudicada o simplemente para crear o mantener una "buena relación" con el partido y, así, ser tenidos en cuenta para futuras adjudicaciones y ser considerados "elegibles". Por su parte, las empresas investigadas, "conscientes" de que eran pagos supeditados a conseguir beneficios ilícitos, actuaron con "el afán de disimular estas donaciones", fundamentalmente mediante dos operativas: en relación con su origen, realizando los pagos desde diferentes empresas o fundaciones pertenecientes al mismo holding empresarial, para ocultar y disimular el origen; y en relación con su destino, haciendo pagos a las diferentes fundaciones que tenía disponibles CDC por obtener financiación, CatDem y Forum Barcelona, "para esconder al destinatario final": CDC.