TRIBUNALES CORRUPCIÓN
La Audiencia Nacional envía a juicio a los acusados por el “caso del 3%”
Tras pedir Anticorrupción hasta 21 años de cárcel y tres millones de euros al PDeCAT
Germà Gordó, junto a su abogado, Cristóbal Martell, a la salida del TSJC el 14 de septiembre de 2017.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó ayer la apertura de juicio oral a CDC, PDeCAT, y los extesoreros de Convergència Germà Gordó, Daniel Osàcar y Andreu Viloca, además de una treintena de personas más, en el denominado “caso del tres por ciento”. Se trataría de una estructura puesta en marcha supuestamente para financiar a CDC ilegalmente a través de licitaciones de obra pública. Entre los implicados figuran un total de 30 personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instistuciones públicas de Catalunya, y 16 personas jurídicas.
Entre las empresas se encuentran importantes firmas ligadas al sector de la construcción, como Teyco, Urbaser o la leridana Benito Arnó, así como su director general, Joan Albert Arqués. Entre los acusados también se encuentra el leridano Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat de 2011 a 2016, y Jordi Sumarroca. Paralelamente, Pedraz decretó el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero, presidente de Grupo Ortiz.
El magistrado declaró a la Sala Penal de la Audiencia como el órgano competente para el enjuiciamiento de estos hechos y dio tres meses a las representaciones de los encausados para presentar sus escritos de defensa. La apertura de juicio llega después de que Fiscalía pidiera el pasado miércoles penas de hasta 21 años de cárcel para los acusados y una multa de tres millones de euros para el PDeCAT por la “estrategia para el financiamiento ilícito” que se habría llevado a cabo “sistemáticamente” a lo largo de los años en su “predecesora política”, la extinta Convergència.
CDC habría recaudado el 7,7% de su financiación total con la trama
La Fiscalía Anticorrupción considera que los ingresos que CDC recibió de sus fundaciones con esta supuesta red corrupta “significaron una fuente de financiación del partido que supuso, en el período comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012, una media del 11,5% de la financiación privada del partido y de un 7,7% en la financiación total” de la formación. Aseguró que “altos cargos del partido” actuaron en connivencia con instituciones públicas y los empresarios acusados.
