Calviño cree que Puigdemont será extraditado al derogarse la sedición

La vicepresidenta del Gobierno central, Nadia Calviño, defiende que el objetivo de la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición es que “vuelva” a España el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, al que la justicia reclama desde el 1-O. En una entrevista en la Cadena Cope, la ministra de Asuntos Económicos afirmó que con la reforma España alinea el tipo penal con la Unión Europea, por lo que esto podría favorecer una eventual extradición del expresident. Calviño recordó que la sedición “no existe en otros países”, por lo que abogó por “modernizar un régimen que tiene 200 años, mirar adelante y no volver a la crispación y el conflicto”, que, según ella, se vivía en Catalunya en 2017.

Después de esta afirmación, Junts, que se ha mostrado contrario a la reforma, acusó a ERC de haber contribuido a dificultar “aún más el ejercicio de los derechos fundamentales”, a “limitar la capacidad política de los dirigentes catalanes” e incluso a facilitar la extradición a España de Puigdemont. Asimismo, reclamó al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que comparezca en el Parlament para dar explicaciones sobre las “contrapartidas” que ha ofrecido a cambio de la reforma y le recriminó que la negociara sin “hablar con los represaliados ni las fuerzas independentistas que permitieron su investidura”. Aragonès aseguró que comparecerá en la Cámara catalana en las próximas semanas para explicar el cambio en el Código Penal.

Ante el enfado de sus exsocios en la Generalitat, los republicanos desmintieron que la derogación de la sedición tenga como objetivo extraditar a Puigdemont o “el resto de exiliados” y defendieron que los único que se persigue con el cambio es “defender y ganar más derechos y libertades” y que, por lo tanto, el nuevo delito de desórdenes agravados no incrementará la persecución de los manifestantes. “Es justo lo contrario: se está limitando la capacidad represiva del Estado objetivando la aplicación de estos delitos y dejando menos margen a la justicia española”, aseveró la portavoz de ERC, la leridana Marta Vilalta. Por su parte, la CUP reclamó que se tumbe la reforma del delito de desórdenes públicos agravados, ya que considera que supone un endurecimiento de las penas: “El PSOE ha colado un gol por la escuadra a ERC y los comuns”, afirmaron.

En este sentido, los cupaires defendieron que están de acuerdo en que se debe derogar el delito de sedición, pero no en que se reforme el de desórdenes públicos agravados, ya que consideran que “se endurece un delito que afecta al 99,9% de los casos de represaliados, para beneficiar a una minoría”.

La reforma beneficiaria a los condenados por el “procés”, por los ERE e incluso por la trama Gürtel

La parte socialista del Gobierno enfrió ayer la reforma del delito de malversación ante el aviso lanzado por sus socios de coalición, Podemos, y las reticencias mostradas por sus aliados parlamentarios, lo que podría retrasar el carácter urgente de reformar el delito de sedición, que pretenden que esté listo antes de final de año. La petición del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, al Ejecutivo de Pedro Sánchez para modificar el delito de malversación ha levantado ampollas en Podemos que ven que podría afectar a casos de corrupción en los que, aunque no ha habido enriquecimiento personal, se han utilizado fondos públicos. Este argumento también lo esgrimen algunos de los aliados parlamentarios que deben dar el visto bueno a la derogación de la sedición, convertida ahora en “desórdenes públicos agravados”, como son Más País, PDeCAt, Compromís o BNG.

Una eventual reforma podría beneficiar, entre otro, a los condenados por el procés, a los condenados por el caso ERE o al exministro del PP Jorge Fernández Díaz, imputado en la trama Gürtel. Pese a esto, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó que su formación está negociando con el Ejecutivo para retocar el delito de malversación durante el trámite parlamentario de la reforma para eliminar la sedición para que no se castigue a aquellos que no se han lucrado con dinero público, como es el caso de los condenados por el procés. “Esa es la clave y por eso hay que ser quirúrgico”, indicó, asegurando que hace tiempo que se negocia.

La Plataforma Antirepressiva de Ponent, en Bruselas

Miembros de la Plataforma Antirepressiva de Ponent denunciaron ayer desde la Eurocámara la persecución de la “disidencia política” en el Estado. Allí se reunieron con los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí para tratar el caso de los once encausados en Lleida por desórdenes públicos en la protesta en la subdelegación del Gobierno en marzo de 2018 contra la detención en Alemania del expresident. El juicio se llevará a cabo el 23 y 24 de noviembre en la Audiencia de Lleida.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso presentado por Puigdemont y Comín contra la decisión de la Junta Electoral Central de no incluirles en la relación de diputados electos al Parlamento Europeo alegando que ya ejercen.