TRIBUNALES 'PROCÉS'
El TSJC envía a juicio a la consellera Garriga, Jové y Salvadó por el 1-O
Ella está procesada por desobediencia grave, y los diputados de ERC también por prevaricación y malversación || Denuncian “persecución” del Estado
La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, saluda antes de declarar en el TSJC el pasado 14 de marzo.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictaminó ayer la apertura de juicio oral contra la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, y los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, por su actuación en los preparativos del referéndum del 1-O. Por una parte, a Jové y Salvadó, que eran altos cargos de la conselleria de Economía durante la legislatura del referéndum, se les acusa de desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos. Por otra, Garriga está procesada únicamente por desobediencia grave.
El Alto Tribunal catalán descartó archivar la causa, donde Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox ejercen de acusación. El magistrado instructor considera que Garriga intervino en la localización y condicionamiento de varias instalaciones para llevar a cabo el referéndum. Respecto a Jové y Salvadó, concluye que el delito de prevaricación se basa en el convenio entre Vicepresidencia y el Idescat para acceder a datos del censo.El TSJC ha decidido enviar a juicio a los tres tras rechazar los últimos recursos de las defensas, en los que por ejemplo Jové pidió que se llevaran a cabo nuevas diligencias para investigar si el CNI, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra le espiaron como a otros independentistas.
La sala lo ha desestimado porque entiende que ello no tendría efectos sobre unos hechos anteriores.
La acusación de desobediencia grave contra Natàlia Garriga no implica pena de prisión
En el caso de la actual consellera de Cultura, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret acordó en abril dejar sin efecto su procesamiento por un delito de malversación y limitarlo únicamente al de desobediencia grave a la autoridad, que se castiga con inhabilitación y multa, pero no conlleva penas de prisión.Los tres acusados coincidieron ayer en denunciar “persecución” del Estado. La consellera de Cultura subrayó que “por mucho que el Estado español siga con esta persecución, nunca dejaremos de trabajar por un país completo y libre”, mientras que Jové lamentó que “la represión da un paso más”. “Es la injusticia atacando a la democracia”, denunció, antes de afirmar que “seguiremos luchando” para conseguir hacer realidad “un país libre y socialmente justo”.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, les trasladó “todo el apoyo” a través de las redes sociales, y aseguró que “trabajar por la libertad de nuestro país no es ningún delito”.
