JUSTICIA ?PROCÉS?
Los investigados piden anular el caso del 1-O al Tribunal de Cuentas
Alegan vulneración de derechos, falta de imparcialidad o prescripción de la causa || Hay una treintena de encausados, entre ellos Puigdemont, Mas y Junqueras
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en una foto de archivo.
Las defensas de la treintena de investigados por el Tribunal de Cuentas por presuntamente usar fondos públicos en la organización y la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017, entre ellos Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Artur Mas, han pedido el archivo o la anulación de la causa. Así consta en los escritos remitidos en respuesta a las demandas presentadas hace meses por la Fiscalía y la Sociedad Civil Catalana (SCC), que piden que los encausados sean condenados por responsabilidad contable a reintegrar a las arcas públicas el dinero que destinaron a tales fines. A juicio de la Fiscalía, se les debería reclamar 3,4 millones de euros de forma conjunta por malversación.
Según la SCC la cantidad ascendería a 5,3 millones. Las defensas, que coordinaron sus escritos, cuestionan la legitimidad del proceso y los métodos empleados en su desarrollo, lo que, en su opinión, ha generado la indefensión de los acusados. Asimismo, esgrimen que el órgano fiscalizador “no reúne los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ser considerado un tribunal independiente e imparcial”.
En algunos casos incluso afirman que la causa ya ha prescrito porque ya han pasado más de cinco años.Los acusados plantearán estos argumentos en la vista preliminar, prevista para el 16 de diciembre en la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid. Es un trámite previo a la celebración del juicio, que todavía no tiene fecha. La petición de las defensas llega en pleno debate sobre la propuesta para la modificación del delito de malversación
Fiscalía les reclama 3,4 millones de euros por el dinero “malgastado” para organizar el referéndum
En otro orden de cosas, el expresident Carles Puigdemont pidió ayer a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que respete su condición de eurodiputado, y también la de Clara Ponsatí y la de Toni Comín y que no proyecte “ninguna sombra” sobre la legitimidad de su función.
El Mundo publicó ayer que la dirigente italiana afirmó en una visita a Barcelona que estaba a punto de decidir la retirada del acta de eurodiputado. Metsola, sin embargo, aclaró tras estas informaciones que no ha tomado ninguna decisión aún porque está a la espera de conocer la postura de los juristas de la Eurocámara, tras confirmar la Junta Electoral Central que “no cumple” los requisitos para ser acreditado.
